Tras un operativo de control adelantado por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, se adelantó la suspensión temporal de actividades de una escombrera y una ladrillera que no contaban con documentos que acreditaran su legalidad y por los impactos ambientales que provocaban.
Los negocios estaban ubicados en cercanías de la prolongación de la calle 105, en la vía que conecta con el Anillo Vial. Durante el operativo se verificó que una zona era utilizada para disponer residuos sólidos, así como también, Residuos de Construcción y Demolición, RCD, en un sitio no habilitado ni autorizado para disponer dicho material.
Asimismo, las autoridades encontraron un negocio de fabricación de material para construcción que tenía una producción cercana a los 40.000 ladrillos al mes.
De acuerdo con Diego Barajas, coordinador del Grupo Élite Ambiental -GEA – de la CDMB, la intervención de adelantó en cerca de 2700 metros cuadrados, ubicados en zona de escarpa, que es un área de especial protección ambiental.
“El predio intervenido no cuenta con ningún documento que ampare la legalidad de las actividades que se realizaban en él, las cuales generaban afectación al suelo, la flora y a las fuentes hídricas del sector y, además, está conculcando la norma que rige el Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI- para este sector, que es zona de preservación ambiental”, explicó Barajas Díaz.
Según los detalles del operativo, se pudo observar “explotación de yacimiento minero de material arcilloso, fabricación de ladrillos y de disposición de Residuos de Construcción y Demolición, que generaban una situación de riesgo, un daño y/o peligro al medio ambiente y un incumplimiento a la normatividad ambiental vigente, al carecer de la documentación requerida para tales efectos”.
“En el predio observamos que los escombros y demás residuos sólidos están afectando los drenajes naturales que discurren por el DRMI, asfixiando especies forestales nativas de la región, como lo es el caracolí, que reviste una gran importancia ambiental”, manifestó el funcionario.
Diego Armando Barajas advirtió que “estamos trabajando para que esta zona sea destinada exclusivamente como área de conservación y protección ambiental y no, para que se hagan actividades que están prohibidas y proscritas por la ley”.
