Debido a la situación financiera y las crecientes quejas de los pacientes, la Superintendencia de Salud se vio obligada a intervenir la EPS Famisanar.
De acuerdo con la entidad, esta decisión se toma ante el deterioro de la situación económica de la EPS y el creciente número de quejas por parte de los usuarios.
“La medida se adopta por el progresivo deterioro financiero, las 60.000 quejas de sus usuarios en el primer semestre de 2023, las inconsistencias detectadas en los reportes de información y el incumplimiento de metas en indicadores de salud”, escribió la Supersalud en el comunicado que informó de la intervención.
De acuerdo con los datos recopilados por la Supersalud, la EPS tiene 3.049.712 afiliados en 21 departamentos del país. La mayoría estos se encuentran en Bogotá y Cundinamarca (77%), Santander (4,46%), Boyacá (4,34%) y Tolima (2,92%). También tiene usuarios en Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En otros 6 departamentos tiene menos de 10 afiliados.
En Santander esta entidad prestadora de salud tiene 135.944, de ellos 81.370 son del régimen contributivo y 54.574 del subsidiado.
No afectará el servicio
La Superintendencia Nacional de Salud afirmó que esta medida será por un año, ya que se han evidenciado millones de quejas de usuarios a nivel nacional.
Asimismo, el incumplimiento de más de 10 estándares de habilitación que afectan el aseguramiento en salud y la prestación de servicios a su población afiliada.
La entidad señaló que designó como agente especial de la EPS Famisanar a la administradora financiera Sandra Milena Jaramillo, quien tomará posesión inmediatamente.
Asimismo, indicó que se seguirá prestando el servicio con normalidad y que esta intervención se realiza para mejorar los procesos en la EPS.
“No solo se van a seguir prestando los servicios con total normalidad, sino que la intervención va a trabajar por mejorar la gestión, el relacionamiento con la red de prestadores para que haya mejor oportunidad, mayor continuidad y la integralidad en la prestación de los servicios», indicó la entidad.
Por su parte, María Isabel Ángel, superintendente delegada, dijo que esta decisión no afectará la continuidad del servicio.
“La decisión no afecta la continuidad, ni la atención de los más de 3 millones de afiliados y pretende fortalecer el relacionamiento con la red de prestadores y proveedores del servicio”, afirmó.
