Mientras los gobiernos de Colombia y Venezuela avanzan en el restablecimiento de actividades comerciales bilaterales y se fortalecen las relaciones en la frontera, en Santander aumenta la incertidumbre entre gremios, empresarios, comerciantes y ciudadanos en general frente a la anunciada construcción y mejoramiento de la vía Bucaramanga – Pamplona.
Hablamos de uno de los proyectos viales más importantes para impulsar el desarrollo de la región, firmado por Gobierno Nacional por un valor cercano a los 1,4 billones de pesos, que además de descongestionar la autopista en el área metropolitana de Bucaramanga también optimizará la conexión entre Venezuela, Norte de Santander y el Magdalena Medio santandereano.
Aunque inicialmente se estipuló que las obras se debían terminar en junio de 2022, hasta la fecha esta iniciativa apenas alcanza el 11,2 % de su ejecución, conforme al más reciente Informe de Veedurías de Infraestructura publicado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Desde septiembre de 2021 los trabajos están paralizados.
Desde entonces se ha especulado sobre el futuro de este billonario proyecto en Santander. La Agencia Nacional de Infraestructura, como responsable de la contratación de las obras, en pasadas ocasiones afirmó que tal iniciativa sí se ejecutaría.
No obstante el Ministro de Transporte, durante una visita efectuada en febrero pasado a Santander, manifestó que la vía Bucaramanga – Pamplona “dejó de ser una prioridad”, y se refirió a la posibilidad de “utilizar parte de los recursos para inyectarlos a la vía de Curos – Málaga”.
A la espera del laudo arbitral
Tras incumplimientos y retrasos señalados por la ANI frente al billonario contrato, se inició un proceso sancionatorio en contra del Concesionario Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S., como responsable de la ejecución de dichas obras.
Pero el proceso de sanción, que buscaba la caducidad de este contrato de concesión, quedó suspendido por orden de un tribunal de arbitramento, emitida en diciembre de 2021. Poca información se ha revelado ante los medios de comunicación desde entonces.
Q’hubo tuvo acceso a una respuesta oficial entregada por la ANI frente a dicho proyecto vial. En dicho documento, emitido a finales de marzo pasado, la Agencia Nacional de Infraestructura precisó que “en la actualidad se encuentra a la espera definición de laudo arbitral a finales del primer semestre del año, para definir los trámites administrativos que esta instancia determine”.
Múltiples gremios en Santander resaltan la importancia que tiene el mejoramiento del citado corredor vial para el fortalecimiento de la movilidad terrestre y de las actividades comerciales entre localidades como Barrancabermeja, Bucaramanga, Pamplona y Cúcuta, e incluso con Venezuela.
Prosantander, a través de las propuestas presentadas para el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, señaló que “se requiere culminar esta obra para completar el principal corredor vial que conecta el occidente con el oriente del país y con Venezuela”.
El gremio que reúne instituciones y empresarios que le apuestan al desarrollo del departamento advirtió que “sería muy desafortunado que Santander no logre aprovechar la oportunidad de la apertura del mercado con Venezuela, por no contar con una vía adecuada”.
Los riesgos que alertó contraloría
Desde noviembre de 2021 la Contraloría General de la Nación comenzó a emitir advertencias sobre los riesgos y posibles afectaciones que se generarían contra los recursos públicos, ante la no ejecución del proyecto Bucaramanga – Pamplona.
En un informe presentado ante la Cámara de Representantes, al cierre de 2022, la Contraloría señaló que “resulta inevitable concluir que estas obras están en riesgo cierto de quedarse inconclusas e inútiles para el servicio de la comunidad”.
Sobre el contrato de concesión que existe entre la ANI y la Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S., el ente de control advirtió que “también está en riesgo cierto de tener que ser prontamente cedido, terminado y/o caducado”.
Según lo señalado por la entidad auditora, uno de los principales inconvenientes que influyó en los retrasos e incumplimientos de este proyecto fue la falta de gestión de recursos por parte de la firma concesionaria.
“Tras cinco años de haberse suscrito el Contrato de Concesión ANI 4G N° 002-2016, el Concesionario Autovía Bucaramanga – Pamplona no ha cumplido con su obligación contractual de obtener un contrato de crédito, que le permita contar con los recursos requeridos para la construcción y terminación de la totalidad de las obras”, precisó la Contraloría.
Es importante indicar que en junio de 2022 la ANI informó la imposición de una multa por un valor cercano a los $6.388 millones contra dicho concesionario, por los incumplimientos señalados.
