De la alegría ante la promesa de tener una vivienda nueva a la desilusión del incumplimiento y en muchos casos de perder lo poco que tenían. Esa es la historia de 46 familias del sur de Santander que fueron incluidas dentro de un proyecto de vivienda gratuita del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya convocatoria se abrió en 2018 y la confirmación de los seleccionados se dio en 2019.
Desde ese momento empezó un sueño que se convirtió en calvario. La entidad encargada de garantizar el desarrollo de la iniciativa fue Fiduagraria y la firma seleccionada para su ejecución, el Consorcio Futuro; estos dos envueltos ahora en una disputa legal por la liquidación del contrato en 2022 por el presunto incumplimiento de la firma contratista.
En total, el proyecto dirigido a familias desplazadas, víctimas de la violencia y vulnerables, beneficiaba a 90 familias en Boyacá (44) y Santander (46), estas últimas residentes en zonas rurales de Curití, Galán, San Gil, Charalá, Vélez y Simacota.
En una reunión sostenida el miércoles de esta semana en Curití con una representante de Fiduagraria, se les informó que debían esperar hasta que se resolviera el tema legal para tener alguna solución.
Eso podría tardar, según les explicaron, porque además del pleito legal con la constructora, hay una reclamación por parte de la empresa aseguradora, que no querría responder por el total del 30% del anticipo entregado para el inicio del proyecto, aduciendo que en Boyacá sí se alcanzaron a ejecutar algunos trabajos.
En medio de esta disputa están los sueños y la vida de personas como Clementina Balaguera Durán, una mujer campesina que ya pasó de los 60 años y quien junto a su esposo, un hijo y un nieto viven de trabajar la tierra. “No mano, me vine desilusionada, nos tienen como un balón viejo”, expresó al salir del encuentro.
Hasta que llegó la notificación de ser incluidos en el proyecto, Balaguera y su familia vivían en un ranchito que heredaron y habían arreglado de a poco con mucho esfuerzo. En 2020 los visitaron representantes del proyecto y las entidades del Estado, les dijeron que tenía que demoler y explanar el terreno, que en unos meses les tendrían su casa nueva.
Ella, como otras dos familias sangileñas, hizo caso. Tiró las paredes de su humilde vivienda y empezaron a vivir en un cambuche esperando la obra que nunca llegó. Ahora vive donde unos vecinos y el lote permanece abandonado. “Hay compañeros que aún están en cambuches”, agregó.
Convencida de que no les van a cumplir, Brancelina Guerrero Céspedes y su esposo decidieron interponer una tutela, que el pasado 3 de marzo fue fallada en primera instancia a su favor.
En la sentencia dictada por el Juzgado primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, se les dio un plazo de dos meses al Ministerio de Agricultura y Fiduagraria para cumplir con los compromisos adquiridos con esta familia.
Guerrero contó que hasta los predios en la vereda Las Aguadas de Galán, en donde reside, llevaron en 2022 unos ladrillos que ellos mismos tuvieron que ir a recoger en el sector de Berlín, en la vía nacional entre San Gil y Socorro. “Hasta $300.000 nos deben”, expresó.
“Solo nos queda que el juez haga cumplir el fallo”, concluyó la mujer que demolió su rancho con la ilusión de una casa nueva.
