Una nueva acción judicial vuelve a poner en vilo la licencia ambiental que la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, le otorgó a la empresa Colcco para que explote carbón a cielo abierto en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí.
La demanda, interpuesta por el representante a la Cámara Cristian Avendaño; los senadores Fabián Díaz y Gloria Flórez, además de Robert Daza, y que fue admitida en primara instancia, pide que se revoque la licencia ambiental argumentando que pondría en riesgo el medio ambiente, el agua y a la población de estos dos municipios.
«El Tribunal Administrativo de Santander admite nuestra demanda de nulidad interpuesta contra la licencia ambiental otorgada por la CAS a la empresa Colcco para explotar carbón en Santander. Esperemos justicia ambiental para las comunidades afectadas», celebró a través de sus redes sociales el representante Avendaño.
La admisión de la demanda de nulidad se produjo luego de que el pasado 25 de enero, cuando las comunidades de San Vicente y El Carmen de Chucurí estuvieron protestando, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, afirmara que la licencia tenía «falencias estructurales».
En medio de un video publicado en redes sociales, la funcionaria del Alto Gobierno anunció que ante la CAS fue radicado el pedido de acción de nulidad.
«Hemos radicado nuestro concepto técnico a la dirección de la CAS y la Gobernación de Santander. Hemos tomado la decisión de demandar la nulidad de la licencia. Encontramos falencias estructurales y que no garantizaría un adecuado manejo de los impactos al medio ambiente», afirmó Muhamad.
La licencia, en medio de controversia
Desde 2012 la empresa Colcco manifestó ante la CAS su interés en obtener la licencia ambiental para explotar, a cielo abierto, minas de carbón en los municipios de el Carmen y San Vicente de Chucurí, en Santander.
Varios conceptos jurídicos de la misma corporación retrasaron el otorgamiento del polémico permiso. Según el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, la CAS se contradijo en varias oportunidades respecto a la viabilidad de la minería en estos municipios.
En 2022 la CAS otorgó la licencia, pero está frenada por una acción de tutela que surgieron algunos líderes ambientales de la región y esperan un fallo de segunda instancia.
La licencia contempla minería a cielo abierto de 15 a 30 hectáreas en San Vicente y el Carmen de Chucurí, pese a la oposición de la comunidad que pide garantizar el trabajo agrario en la región, sin poner en riesgo la contaminación y los cultivos.
