«Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales», declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, dictó este miércoles disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.
«Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional», dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.
Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta «convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses».
También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir del día de este miércole desde las 22.00 hora local (3.00 GMT del jueves).
«Se declara en reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)», agregó.
Castillo añadió que «todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas» y que «quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley».
También dictó que la Policía Nacional, «con auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán los esfuerzos al combate de delincuencia, corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios».
Finalmente, hizo un llamado a todas las instituciones de la sociedad civil, rondas campesinas (grupos de autodefensa fortalecidos durante el conflicto armado interno) «y todos los sectores sociales» a que salgan a defender estas medidas.
Señaló que comunicará esta decisión a la Organización de Estados Americanos (OEA).
