La aplanadora que el presidente Gustavo Petro creyó que tenía asegurada en el Congreso para aprobar sin mayores contratiempos sus reformas, sufrió fallas mecánicas que hicieron que dejara de andar tras apenas dos meses de su llegada al poder.
Esta semana, el Presidente evidenció esa avería por cuenta de dos proyectos claves para su Gobierno, cuya discusión fue torpedeada por partidos como el Liberal y el Conservador, dos de sus ‘aliados’.
¿Qué pasó? Tal y como estuvo sonando días atrás en los pasillos del Capitolio, en colectividades como los liberales, los conservadores y La U –que están en la coalición de Gobierno– aparecieron brotes de inconformismo frente a iniciativas controvertidas como la reforma tributaria que subirá impuestos y la ley de orden público con la que se sentarán las bases legales para iniciar nuevas negociaciones de paz.
Esa situación fue leída en la Casa de Nariño como un conato de incendio político que tiene que ser sofocado, y ante la premura, el Jefe de Estado dio orden expresa al ministro del Interior, Alfonso Prada, de arrancar un plan de inmersión en las comunicaciones de los partidos aliados para frenar los ánimos de rebeldía que, según conoció este diario, están impulsadas por interés de mayor burocracia en el Ejecutivo.
Teléfono roto con Gaviria
A pesar de que la reforma tributaria fue aprobada sin mayores inconvenientes en las comisiones económicas de Senado y Cámara, el cuento fue otro cuando el proyecto llegó a las plenarias, donde se vio truncado por reparos del Partido Liberal –en cabeza de César Gaviria, su director– quien citó a la bancada a una reunión extraordinaria para exponer todos sus reclamos.
Mientras que Gaviria presidía esta cita el miércoles en el Hotel de la Opera –a pocos metros del Congreso– y le contaba a más de 40 congresistas que quería tumbar la reforma tributaria, el Gobierno logró infiltrarse en el diálogo, pues al menos 10 legisladores liberales –entre ellos Juan Carlos Losada, John Jairo Roldán, Juan Diego Echavarria y Álvaro Monedero–, entablaron comunicación directa con la Casa de Nariño, desde donde se averiguaba sobre los reclamos específicos del expresidente.
Esta interlocución no sirvió de mucho para el Gobierno, pues los masivos intentos de entablar un puente de diálogo no fueron suficientes y finalmente el jefe de los liberales terminó haciendo 11 reparos públicos a la reforma tributaria.
“Esto no tiene un artículo para defender, ni uno, no hay un solo artículo que uno diga que de esto hay que pelear. No hacen sino daños, daños y daños”, dijo Gaviria.
Más allá de esta discusión por la reforma fiscal, lo que está claro en el liberalismo es que Gaviria está dispuesto a volverse un palo en la rueda para los planes del Gobierno Petro si este no cede a las pretensiones burocrática del expresidente. Fuentes al interior de esa colectividad le aseguraron a este diario que para el jefe de los liberales no es suficiente el hecho de tener control del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Justicia.
“Aunque el Partido Liberal está en la coalición oficialista, no se le ha beneficiado lo suficiente en términos de representatividad en el Gobierno. También es un llamado a la reflexión y la coherencia”, señaló un congresista liberal que pidió no revelar su identidad.
Es por eso que desde hace al menos dos semanas Petro y Gaviria se han mantenido apartados y no han tenido comunicación directa, sino a través de intermediarios (ministros y congresistas), distancia que se estaría ampliando por cuenta de críticas como las del senador petrista Gustavo Bolívar, quien llamó “vende patria” al expresidente por sus reparos a la tributaria.
Por ahora se mantiene el teléfono roto entre Petro y Gaviria, y en las toldas liberales se dejó claro que la tributaria no se votará en bloque, ya que unos apartados se debatirán punto a punto y se conformó una delegación integrada por los congresistas Monedero, Juan Pablo Gallo y Alejandro Carlos Chacón, que le comunicarán al gobierno reparos a la reforma fiscal como evitar cobrarle impuestos a las pensiones más altas.
Este reclamo generó incomodidad en Palacio y la responsabilidad de limar estas asperezas se la delegó Petro al ministro Prada, quien esta semana trató de bajar las tensiones e hizo un llamado al diálogo para bajarle el tono amenazante que se utilizó de lado y lado entre la cabeza del Partido Conservador y congresistas del petrismo contra Gaviria.
“El Partido Liberal ha sido un sólido apoyo en el Congreso (…) No dudo que lo seguirá siendo. Hemos debatido con ellos muchísimo el contenido de la reforma (tributaria) y general del paquete normativo que se está trabajando en el Congreso”, acotó Prada.
Conservadores quieren más
En las toldas godas también apareció un impulso inconformista, pero la protesta fue más modesta y cautelosa, pues los congresistas de este partido –liderado por el senador Carlos Andrés Trujillo– son conscientes de que pueden negociar con el Gobierno Petro sin necesidad de hacer reclamos públicos, pues en su lugar optaron por un ‘sabotaje’ a la discusión de la ley de orden público, que tuvo que aplazarse el miércoles pasado por falta de quórum.
Esa jugada le costó un regaño a los conservadores de parte del presidente del Congreso, Roy Barreras (ver En un minuto), quien le lanzó una pulla a la colectividad goda.
“Lo que resulta notorio es que el conservatismo en bancada decidió ausentarse. Es un tema del ministro del Interior, pero hay que preguntarles si todavía son bancada de gobierno, porque los partidos de gobierno acompañan la agenda del Ejecutivo”, expuso.
Legisladores del conservatismo le aseguraron a este diario que la inconformidad en ese debate surgió por la inclusión del apartado que le otorga facultades extraordinarias al Presidente para que diseñe a su antojo el marco reglamentario para el sometimiento de los grupos armados ilegales.
A este ‘mico’, como lo llamaron, se le suma el de la amnistía para quienes fueron capturados durante las protestas, cuya eventual aprobación podría implicar un costo político, pensando en las elecciones locales de 2023.
A este cálculo político se le suma el burocrático, pues los conservadores también se unieron a la estrategia de reproche de los liberales y a pesar de que Petro ya les entregó el Ministerio de Transporte, Trujillo espera que el Presidente nombre a Juan Carlos Beltrán Bedoya como director de la Agencia de Seguridad Vial, a pesar de que su perfil profesional no está relacionado con siniestralidad vial.
Este diario conoció que la bancada conservadora se reunirá este martes para definir la ruta a seguir en esta rabieta política hecha al Gobierno.
Por ahora, el jefe de los conservadores ha preferido enviar mensajes en redes sociales en los que resalta la solidez de su partido, un mensaje tácito para el Ejecutivo. “El Partido Conservador está más vivo y fuerte que nunca, somos el partido que defiende la vida, la familia y las instituciones”, dijo Trujillo en Twitter.
Otro aliado de los tradicionales que también se le rebeló a Petro fue La U, partido en el que surgieron sorpresivamente voces de protesta contra la reforma tributaria ahora que pasó de las comisiones a las plenarias y justo después de que el liberalismo decidió hacer reproches frente a esa misma iniciativa del Gobierno.
Esta semana la bancada de esta colectividad también se reunió en Bogotá e hizo exactamente lo mismo que los liberales, sin ser interrumpida por las llamadas del Gobierno. Tal fue la similitud de las actividades que tras la cita, esta colectividad publicó un listado de peticiones para cambiar en la reforma tributaria.
“Desde La U continuaremos trabajando para proteger los intereses de las clases menos favorecidas, en esta oportunidad la clase media que es la que resulta más afectada con el proyecto de reforma tributaria actual”, aseguró Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, quien también se estaría uniendo a la ola de presión para recibir más beneficios burocráticos, además del Ministerio de las TIC, para mantener el respaldo a Petro.
Fuentes cercanas a Toro detallaron que la exgobernadora del Valle del Cauca al parecer tiene interés por quedarse con contratos en la Contraloría General de la República, pues en este órgano de control trabaja su exsecretaria de Desarrollo Social, Doris Noemí Pizarro, quien es asesora de despacho del contralor.
Esta situación ha tenido con los pelos de punta al ministro Prada, ya que sobre él recae el relacionamiento entre el Gobierno y el Congreso, y por ahora parece que esa labor no tiene la suficiente aprobación incluso al interior del Pacto Histórico de Petro, pues a comienzos de octubre se reveló un audio en el que aparecieron miembros de esa colectividad como Barreras, Aída Avella y Alirio Uribe cuestionando su desempeño.
