Ocho dirigentes cívicos, adscritos a las Juntas de Acción Comunal y a las Juntas Administradoras Locales de los barrios y de las comunas de Bucaramanga, denunciaron que fueron amenazados de muerte con ‘comunicados anónimos’.
Otros integrantes de estas agremiaciones populares también vienen siendo intimidados para impedir el desarrollo de actividades propias de sus cargos comunitarios.
De igual forma, seis veedores de comunas como El Centro y el Occidente fueron amenazados pero, según los líderes, “son temerosos de denunciar y, la verdad, los entendemos por las represalias que puedan tener por parte de estas bandas criminales”.
La voz de auxilio de los dirigentes se agudizó tras el reciente asesinato de una de las líderes de la Comuna 9, quien había advertido que su integridad física estaba en peligro.
pena de atenerme a las consecuencias”.
Las presiones de las que son víctimas los dirigentes no son nuevas. En las comunas Norte y Nororiente, por citar solo dos puntos de Bucaramanga, se vienen evidenciando amenazas por parte de grupos armados que hacen presencia en la zona.
“Lo que más nos preocupa es que es muy pobre la investigación de los casos que se presentan en contra nuestra, a lo que se suma la falta de reacción de las autoridades”, dijo otro de los amenazados.
Si bien existen mecanismos más dinámicos, como son las denuncias ante los organismos de control e, incluso, ante la misma Policía, la agremiación comunal asegura que se les seguirá invocando custodia a los organismos de seguridad.
Resaltaron que las amenazas se han venido incrementando durante las últimas semanas, tras la ola de inseguridad que azota a Bucaramanga.
Al tiempo que rechazaron estas amenazas, precisaron: “Queremos más vigilancia para trabajar juntos y seguir garantizando y promoviendo el derecho a la participación. Debemos ir de la mano de los entes del ministerio público y de los organismos de seguridad para garantizar la vida y poder continuar con nuestro trabajo cívico”.
Habla la Alcaldía
Melissa Franco García, secretaria del Interior Local, informó que “desde nuestro despacho y de la mano de las autoridades hemos trazado una ruta de protección que permita custodiar la vida de estos dirigentes y, de paso, indagamos de dónde proceden las amenazas”.
Recordó que el que hace el estudio y el análisis de riesgos de los líderes cívicos es la ONP, que está al tanto de cada una de las denuncias planteadas.
