El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, visitó la estación de policía “La 19” de Riohacha y pidió plan de choque para solucionar crisis humanitaria.
Durante la visita, Camargo verificó las graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, además del hacinamiento (2.000%), constató las difíciles condiciones de salubridad, de alimentación, de atención en salud y la indefinición de la situación jurídica de los privados de la libertad.
La Guajira “cuenta con 17 estaciones de policía que registran un hacinamiento promedio del 233%. Sin embargo, en la Estación de Policía La 19 de Riohacha nos encontramos con la situación humanitaria más grave, no solo de La Guajira sino de todo el país, con un hacinamiento que llega al 2.000% en esta estación” dijo el Defensor del Pueblo.
Desde la Defensoría dispondrán de un equipo especial donde les solicitan a las autoridades judiciales un plan de descongestión humanitaria para resolver la situación jurídica de los detenidos.
De la misma forma, Camargo solicitó a las autoridades locales trabajar de manera articulada con las autoridades nacionales, particularmente el Ministerio de Justicia, para solucionar esta crisis.
Urge adelantar una jornada de salud, ante las alertas por un posible brote de tuberculosis entre otras enfermedades, y proveer de baterías sanitarias, dado que los privados de la libertad hacen sus necesidades fisiológicas en bolsas y en botellas.
“Reiteramos que el cierre de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC por la propagación del COVID-19 conllevó a que la problemática histórica del hacinamiento, que durante décadas había soportado el sistema penitenciario y carcelario, se trasladara a las estaciones de Policía y las URI del país”, dijo Carlos Camargo.
Los centros de detención transitoria están diseñados, tanto legal como logística y administrativamente, para alojamiento y custodia de las personas privadas de la libertad de manera temporal, con un máximo de reclusión de 36 horas, por orden de la autoridad judicial competente, mientras se define su situación jurídica.
Sin embargo, en las estaciones de policía de La Guajira, la Defensoría ha encontrado personas sindicadas que permanece detenidas por más de dos años.
Finalmente, el Defensor del Pueblo manifestó su preocupación porque las unidades policiales deben ser separadas de la seguridad ciudadana para dedicarse a la custodia de las personas privadas de la libertad.
