Una vez más el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Bustos Bustos, volvió a negar la solicitud de libertad de Richard Aguilar Villa, quien se encuentra privado de la libertad desde el pasado 28 de julio, por presuntas irregularidades en contratación mientras fue gobernador de Santander.
La decisión judicial se da, según el magistrado, porque en libertad Richard Aguilar puede interferir o manipular las pruebas de la investigación en su contra.
Por esa razón el magistrado decidió extender por un año más la privación de la libertad para el exgobernador que semanas atrás se declaró no culpable de los hechos indilgados por la Fiscalía, que argumenta que durante su periodo como mandatario departamental creó una «empresa criminal» dedicada a direccionar millonarios contratos a cambio de coimas.
Obstrucción a la justicia
Y es que precisamente en la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia que resolvió enviarlo a prisión, el alto tribunal argumentó que en la administración de su hermano Mauricio Aguilar en la Gobernación, se ha intentado obstruir a la justicia ocultando pruebas, razón por la cual la Procuraduría General de la Nación avanza en una investigación en su contra.
Entre los señalamientos de la Corte se encuentran presuntas pérdidas de libros radicadores, omisión de información y manipulación de documentos públicos.
“Infiere la Sala que el aforado investigado (Richard Aguilar) influyó, – y puede seguir haciéndolo -, en la administración departamental actual de su hermano Mauricio Aguilar”, sostuvo la Corte Suprema de Justicia en la decisión del 27 de julio de 2021.
Los hechos
El polémico contrato que tiene hoy a Richard Aguilar privado de la libertad en un batallón de Bogotá, fue suscrito el 30 de enero de 2015 entre la Gobernación de Santander y la Unión Temporal Reforzamiento 2015, para la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga.
Dicho contrato, suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Octavio Reyes Sarmiento (representante legal de la UT), hoy privado de la libertad, fue por más de $15 mil millones, y desde ese entonces ha presentado un sinnúmero de irregularidades, además de señalamientos de presunta corrupción por parte del entonces Gobernador.
En diciembre de 2015, la Gobernación designó al funcionario de la Secretaría de Infraestructura Reinaldo Castillo Parra, para que le hiciera una adición de más de $6 mil millones al contrato con la Unión Temporal Reforzamiento 2015.
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