Un Fiscal especializado así como un funcionarios del CTI fueron capturados en Bucaramanga, al parecer, vinculados a una investigación por extorsión. Cobraban ‘dádivas’ para interceder en actuaciones judiciales.
Las autoridades explicaron que desde hace varios meses investigadores del Gaula les seguían el rastro. A través de un operativo encubierto, adelantado el viernes a las 7:00 p.m. en un establecimiento de la calle 35 con carrera 30 de Bucaramanga, materializaron la captura de los dos funcionarios.
Se trata de Javier Alberto Rodríguez Rosales, Fiscal Especializado de la Seccional Santander, y Jairo Enrique Pulido Pascagaza, técnico investigador adscrito a la Dirección Especializada Contra la Violación de Derechos Humanos.
Recibían $110 millones
La detención habría ocurrido justo en el momento en que, al parecer, recibían $110 millones en efectivo, como parte de un pago que buscaba favorecer a un investigado dentro de un proceso penal relacionado con lavado de activos, cuyos bienes serían sometidos a medidas cautelares de extinción del derecho de dominio.
Los dos fueron traslados al búnker de la Fiscalía Seccional en Bucaramanga, donde pasaron la noche.
Las autoridades informaron que Javier Alberto Rodríguez Rosales, Fiscal Especializado de la Seccional Santander, tenía bajo su mando varias investigaciones relacionadas con grupos al margen de la ley, paramilitarismo y guerrilla, además de varios casos renombrados de corrupción en Santander.
‘Cero corrupción’
“No vamos a permitir que esto vaya a convertirse en práctica de algunos delincuentes que se parapetan en las entidades públicas.
“La Fiscalía no cesará en su objetivo priorizado de combatir la corrupción en todos los frentes”, precisó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Los capturados serán presentados en audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías por los delitos de concusión y extorsión.
De acuerdo con la investigación se presume que los funcionarios conseguían información de personas investigadas por diferentes conductas ilícitas en Bucaramanga y las contactaban con el fin de ofrecerles aparentes “arreglos” de las situaciones jurídicas a cambio de dinero.