Bajo esta línea la Defensoría confirmó que en estos hechos murió el Presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, entre otras personas.
Desde la Regional Putumayo, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a los familiares de las víctimas y ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insiste en que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido.
Frente a esta operación el Ejército confirmó que la operación militar desarrollada es legal y legítima y cumplía con todos los protocolos y lineamientos estipulados en la doctrina militar para el desarrollo de acciones ofensivas contra estructuras criminales, salvaguardando los derechos humanos y acatando las disposiciones del derecho internacional humanitario.
Por su parte, el Ministro de Defensa, Diego Molano, trinó a los «inocentes civiles se les incautó: arsenal de guerra; granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros. Un llamado a los candidatos: no todo es para hacer política. Las operaciones militares cumplen todos los protocolos exigidos».
