Tres inmuebles urbanos y un motel, ubicados en el barrio San Francisco y el centro de Bucaramanga, fueron ocupados por las autoridades tras determinar que fueron usados para la trata de personas y la explotación sexual comercial de menores de edad y mujeres, muchas de ellas venezolanas.
De acuerdo con las autoridades las víctimas eran engañadas y presionadas para acceder a distintos actos contra su integridad.
Incluso en algunas oportunidades, fueron obligadas a grabar videos y transmitir las actividades sexuales a las que eran sometidas.
Los inmuebles ocupados están avaluados en cerca de $4.000 millones y fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
