Los propietarios y conductores de cerca de 20 busetas afiliadas a la empresa de transporte público colectivo San Juan sorprendieron a sus usuarios el lunes 3 de enero, con un inesperado cese de actividades.
La decisión fue tomada, según información entregada a esta redacción, ante “la presión económica a la que nos tienen sometidos, exigiéndonos cobros de administración impagables, después de 21 meses de estar operando a pérdida”.
Antonio Jaimes, quien hace parte del grupo de propietarios que lideró la jornada de manifestación, aseguró que si antes de la pandemia se movilizaban 200 pasajeros en un día, hoy se movilizan 20, lo que repercute en los costos de operación porque estos no son variables.
Es decir, independiente de la cantidad de pasajeros que se suban a una buseta, por combustible, administración, prestación del conductor y mantenimiento, se debe pagar lo mismo.
“Nosotros desde mayo de 2020 estamos perdiendo. Hay que reconocer que la empresa en algunas oportunidades ha tenido que prestarnos (a los propietarios) para estar al día con las pestacionales de los conductores, ya que no tenemos con qué pagar.
“Nadie aguanta una crisis tan larga. Sin embargo, la empresa nos ha venido acumulando una serie de deudas con unos porcentajes de cobro de administración que a nuestro parecer no son proporcionales a la pérdida que hemos tenido”, precisó Jaimes.
De acuerdo con lo anterior, hay propietarios que sustentan cuentas acumuladas hasta por los $40 millones, las cuales se les han vuelto casi que imposibles de pagar porque la prestación del servicio que se está garantizando en estos momentos no es rentable.
“La piratería y la competencia desleal por parte de algunas empresas que están cobrando $1.600 por pasaje, han hecho que nosotros sigamos perdiendo; aparte de todo, Metrolínea ofrece descuentos para adultos y estudiantes. Mejor dicho, hay muchas situaciones que nos tienen perdiendo plata”, dicen los manifestantes.
Lo más preocupante de la situación que presentan estos transportadores es que la empresa estaría a punto de iniciarles procesos jurídicos.
“Todo eso nos obligó a decir ya no más, si se tienen que quedar con los carros háganlo, porque ya no podemos más.
“Al finalizar el año, la empresa nos pasa un informe de que la administración se debe pagar al 100%, quien la pague en una sola cuota se le hace el 50%, pero los que no pueden cumplir con este requisito deben pagar $100.000 diarios y si no, los paran, entonces pues paramos de una vez”, dijeron.
