Los dos congresistas a los que el alto tribunal vinculó al proceso son Katherine Miranda y León Fredy Muñoz, ambos del Partido Alianza Verde. A ellos se les practicarán una serie de pruebas con el fin de establecer si incurrieron en injuria y calumnia.
El mediático caso está en manos del magistrado Héctor Javier Alarcón, de la Sala de Instrucción de la Corte. Él tendrá que sopesar todo material probatorio luego de que la exministra TIC, Karen Abudinen, hubiera puesto una denuncia en contra de los dos representantes a la Cámara.
Lo que señaló la exencargada de la cartera cuestionada por el caso Centros Poblados es que los dos congresistas verdes incurrieron en el delito de fraude procesal, injuria y calumnia. Según ella, luego de que la citaran a moción de censura el pasado 12 de agosto, los denunciados utilizaron pruebas inexistentes para “crear una situación fáctica engañosa”.
En efecto, el haber usado en redes sociales el apellido de la exministra barranquillera de forma sistemática para referirse a conductas al margen de la Ley es una circunstancia que deberá evaluar el máximo tribunal de la justicia ordinaria.
Hace unos días, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, salió en defensa de la exministra Abudinen, diciendo que “deformar los apellidos es lo más ruin”.
En sus declaraciones, el jefe de esa cartera expresó que quien comete prácticas como el asemejar una apellido a la palabra robo “está afectando familias y niños. Como no existe delito de homicidio moral, la sanción debe ser social”.
Paralelo al uso de “abudinear”, por el escándalo de fondo con Centros Poblados –la pérdida de los $70.000 de anticipo–, la Corte Suprema también adelanta procesos en contra de los congresistas Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín, Daira de Jesús Galvis y Mauricio Gómez Amín.
