La parálisis y el considerable atraso que registra uno de los proyectos viales más importantes de Santander y en el oriente del país tiene preocupados a gremios, expertos y autoridades locales, quienes reclaman prontas acciones para la reactivación de estas obras.
En estos momentos se espera que se declare la caducidad del contrato de concesión realizado para la construcción y el mejoramiento de la vía Bucaramanga – Pamplona, el cual se firmó por más de $1,4 billones y cuya fase de obras se puso en marcha en agosto de 2019.
En entrevista con Q’hubo, Manuel Felipe Gutiérrez Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, informó que antes de terminar el presente año se “conocería una decisión”. Precisó que este mes se llevará a cabo una audiencia determinante en el proceso sancionatorio que se inició.
En lo corrido de 2021 no se han conocido avances sobre este proyecto. Aunque ya pasaron más de dos años desde que se iniciaron los trabajos, actualmente su progreso se encuentra en cerca del 11% según el informe más reciente del Gobierno Nacional.
Ángela María Orozco, ministra de Transporte, en marzo pasado advirtió que estos trabajos tenían un “ritmo de ejecución desfasado” y dijo que “ya iniciamos los procesos sancionatorios”.
No obstante hasta la fecha no se ha generado ninguna sanción o multa en contra del concesionario Autovía Bucaramanga – Pamplona S.A.S.
Organizaciones que representan a gremios y empresarios, como Prosantander, han realizado insistentes llamados al Gobierno Central: “se solicita tomar una decisión para reanudar las obras lo antes posible”.
Se esperaba que para esta fecha dicho proyecto tuviera un progreso en total superior al 70%. Pero el atraso es preocupante. De las cuatro unidades funcionales que conforman esta obra, la de mayor retraso es la polémica Conectante C1-C2, que se estancó en casi el 2%.
¿Qué pasó con el proceso sancionatorio?
Manuel Felipe Gutiérrez Torres, presidente de la ANI, indicó que “lo que estamos adelantando es un proceso de caducidad, no es un proceso sancionatorio ordinario. Este proceso viene avanzando acorde con lo previsto en el contrato de concesión. Por supuesto tenemos que respetar todas las garantías procesales.
“Las decisiones que se profieren se dan a través de actos administrativos, que son públicos y respetan las garantías, sobre todo en este caso que se trata de la máxima sanción existente en el ordenamiento jurídico, ya que la caducidad conlleva a la terminación anticipada del contrato y del pago de la cláusula penal. Hablamos de una decisión muy importante y debemos ser prudentes”, agregó el funcionario.
¿Cuál es el siguiente paso?
El inconformismo ante el atraso del proyecto es tal que la ciudadanía acudió a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para reclamar intervenciones ante posibles irregularidades.
En octubre pasado este despacho presidencial requirió documentación a la ANI sobre la ejecución de las obras de la vía Bucaramanga – Pamplona y pidió el actuar de la Procuraduría.
Para el Presidente de la ANI es claro que “existe incumplimiento del cronograma, sin dudas hay un retraso significativo frente al avance de obras y por ello se analiza la declaratoria de incumplimiento grave del contrato.
“En próximos días tendremos una nueva audiencia como parte de este proceso, en la cual la ANI tomará una decisión, que está siendo estudiada con el mayor rigor y respeto de las garantías que tiene el concesionario. Este año se conocería una decisión, seguramente, sobre el incumplimiento grave del contrato de concesión”, informó Gutiérrez Torres.
¿Este proceso tomará más de un año?
“No. Es un proceso reglado y previsto en el contrato. Lo que sucede es que debemos ser garantistas y respetar el debido proceso, es un proyecto que supera los dos billones de pesos y tenemos que actuar con apego de lo previsto en el contrato”, dejó en claro el Presidente de la ANI.
Es importante precisar que dicho contrato se firmó en 2016. De acuerdo con los valores actualizados y presentados en el cierre financiero de este proyecto en 2019, su costo total rondaría los $2,5 billones en la actualidad.
Según lo indicado por el Gobierno Nacional, la idea es que este contrato se pueda entregar a otro constructor para sacar adelante tales obras.
“Estamos generando las condiciones necesarias para que el proyecto se ejecute, pero también tenemos que actuar ante este tipo de incumplimientos”, señaló el Presidente de la ANI.
Q’hubo contactó a la Autovía Bucaramanga – Pamplona S.A.S, pero hasta el cierre de la presente edición no hubo respuesta.
