En un documento dirigido al Congreso de la República, firmado por el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano, se explicó que una iniciativa de esas proporciones tendría un impacto fiscal de $7,4 billones, lo cual equivale a 0,7% del PIB.
La propuesta, vale mencionar, la encabeza la representante a la Cámara de la Aliana Verde, Katherine Miranda, y contempla bajar el impuesto en un lapso de cuatro años.
Así, habría una gradualidad del gravamen para pasar a ser de 3×1.000, 2×1.000 y 1×1.000, hasta que deje de existir en 2026.
En su carta, el Gobierno explica que no habría margen de maniobra para reemplazar los recursos generados por el 4×1.000.
Adicional, argumenta que la medida está vigente desde 1998 porque ha habido dificultades para reemplazarla.
De hecho, sobre una de las propuestas para cubrir el hueco que dejaría, que se basa en un impuesto a los salarios más altos que sería desde 2% a remuneraciones de 25 millones, consideró que apenas recaudaría 1,4 billones y corre el riesgo de caerse en la Corte Constitucional.
Cabe recordar que el tributo de 4×1.000 se basa en el cobro de $4 por cada $1.000 que se muevan en una transacción bancaria en el país.
