La decisión fue tomada con base en la denuncia de un ciudadano, que solicitó a Rappi en cuatro oportunidades, que no le enviara correos comerciales. También se logró establecer en la investigación que la compañía no contaba con la autorización previa y expresa del titular para poder usar los datos del ciudadano con fines de publicidad o mercadeo.
La ley exige a los Responsables del Tratamiento de Datos responder dentro de un plazo concreto y no los faculta para hacerlo discrecionalmente.
En 2019 se había impuesto a Rappi una sanción por 298 millones de pesos, cuando otro ciudadano le solicitó abstenerse de usar su información, así como que no le enviará correos o mensajes de datos para fines comerciales o de mercadeo.
