La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, admitió de manera condicionada a un exagente del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, condenado a 30 años y 20 días de prisión por el secuestro, tortura y asesinato de cinco exintegrantes de la extinta guerrilla del M-19.
Con este paso, la Jurisdicción avanza en entender las relaciones de agentes del Estado con ejecuciones extrajudiciales y en tejer la historia de lo que ocurrió con los homicidios de exmiembros del grupo en el que militó Gustavo Petro.
El caso puntual que tendrá cupo en la JEP se trata de Martín Sierra D´Alemán, un hombre que (para aquella época) trabajaba como funcionario del Estado en la Unidad Investigativa de Orden Público. Según reposa en el expediente de la JEP, en poder de El Colombiano, Sierra se aprovechó de la información privilegiada que recibía para cometer esos crímenes de lesa humanidad.
Un hecho que, según el analista Ariel Ávila, se asemeja al modo de operar de “algunos miembros de la Policía, el Ejército y el DAS señalados de entregar información a los grupos ilegales para facilitar los asesinatos”.
De hecho, la JEP aclaró que, dentro del presente caso, realizó un análisis para determinar la relación de las conductas cometidas por Sierra D´Alemán con el conflicto armado.
Al respecto, la Jurisdicción concluyó que el análisis de contexto de las acciones del DAS y el posible involucramiento de sus agentes en crímenes contra personas desmovilizadas y pertenecientes a eventuales reductos de los grupos guerrilleros, tales como el M-19, “hace probable que las conductas se hayan dado en un contexto de lucha antisubversiva y, por tanto, impide descartar de plano su relación con el conflicto armado”.
El expediente en contra
La historia del crimen por el que se le condenó a Sierra comenzó en 1993, cuando al entonces agente del DAS se le asignó la investigación del secuestro de la ciudadana Doris Janeht Roldán Novo.
Un año después, en marzo de 1994, y bajo el contexto de esa investigación, Sierra y otros de sus colegas retuvieron de manera ilegal a Julio Edgar Galvis Quimbay, Raúl Gutiérrez Guarín, Rafael Enán Lora Mendoza, Fredy Humberto Guerrero y Aidé Malaver, todos exmilitantes de la guerrilla del M-19, acusándolos de perpetrar el secuestro.
Tras ese procedimiento irregular que logró constatar la justicia ordinaria, los cinco secuestrados fueron torturados durante dos días y asesinados por dichos miembros del DAS.
Fue así como parte del registro forense, adjunto en el expediente de Martín Sierra, indicó que las víctimas fueron encontradas en Cundinamarca el 21 de marzo de ese año “amordazadas, vendadas, atadas de pies y manos, incineradas y con disparos de armas de fuego”.
Así las cosas, y tres años después de los asesinatos, se ordenó la captura de tres exagentes del DAS dentro de los que se encontraba Martín Sierra, condenado a 30 años de prisión desde el 2004 y bajo libertad condicional desde 2007.
Pese a declararse inocente, Sierra D’Alemán ha intentado ingresar a la JEP en varias oportunidades para obtener los beneficios de la justicia transicional en calidad de Agente del Estado.
En esta última oportunidad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió aceptar el sometimiento, pero bajo la condición de que presente un documento donde explique, detalladamente, cómo y con qué información aportará a la verdad.
“Tal documento será valorado en su aptitud, a efectos de iniciar el procedimiento dialógico con las víctimas y el Ministerio Público”, concluyó la JEP.
