En efecto, la procuradora primera delegada para la Contratación Estatal, María Consuelo Cruz, rechazó por improcedente la recusación formulada por Henry Anaya, presidente de la Red Nacional de Veedurías, que pidió que la Jefa del Ministerio Público se declarara impedida para conocer de la indagación en contra de la titular de esa cartera, Karen Abudinen, por las presuntas irregularidades presentadas en la licitación con la unión temporal a la que se le entregó un anticipo por $70.000 millones.
El pedido se basaba en que la procuradora Margarita Cabello reconoció haberse reunido con la Ministra luego de estallar el escándalo por el contrato cuya caducidad fue declarada, derivando lío legal.
Según Cruz, la recusación no reúne los presupuestos procesales exigidos para ser desatada y determinó que Cabello no es la competente para pronunciarse frente al caso, dado que la actuación disciplinaria está a cargo de la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.
De otro lado, en su columna de El Tiempo, Vargas Lleras aseguró que el Ministerio de las TIC tuvo tiempo de revisar los pliegos del contrato, pues estos, una vez modificados, solo se publicaron en agosto de 2020 y, de forma definitiva, en octubre.
Agregó que, aunque al inicio se trataba de una sola región, el hecho de dividirlo en dos hizo que las exigencias financieras y de experiencias se redujeran a la mitad: “qué error para un contrato de ese impacto y monto”.
De acuerdo con el expresidente, un punto crítico fue el cambio de metodología que se hizo en la adjudicación del contrato. Aunque la ministra Abudinen dijo que se privilegiaría la oferta con mayores colegios ofrecidos, el requisito varió a un método que permitía que Centros Poblados presentara la última oferta, faltando nueve minutos para el cierre de la licitación y siendo la ganadora.
“Solo los funcionarios tenían acceso a todas las ofertas en tiempo real que eran subidas al sistema. ¿Por qué se hizo este cambio? ¿Se filtró información privilegiada a Centros Poblados desde el Ministerio”, escribió Vargas Lleras en el artículo.
En cuanto a la autorización de los pagos y a los bancos garantes, aunque la Ministra ha dicho que la responsabilidad de lo sucedido es del comité fiduciario, él destacó que, a pesar de que el supervisor del contrato, el director de interventoría, el representante del contratista y los garantes debían ser invitados permanentes de los comités fiduciarios, nunca fueron.
De su lado, ante la pregunta de un posible renuncia, la funcionaria dijo este lunes a Blu Radio que en lo que ha pensado es en “arreglar el problema” y que las acciones que adelanta al frente de la cartera corresponden a asumir la responsabilidad política.
¿Pleito eterno?
Jorge Pinno Ricci, apoderado de Centros Poblados, indicó que el Mintic incurrió en inconsistencias al presentar la nulidad del contrato y que Karen Abudinen actuó como jueza en el proceso y negó las pruebas que les garantizaban a ellos su derecho al debido proceso.
Tras conocer la caducidad del contrato, la entidad presentó una acción de tutela ante un juez de Puerto Colombia (Atlántico), quien la remitió a un par suyo civil del Circuito de Barranquilla.
”La unión temporal está pensando en formular una demanda contenciosa por todos los vicios”, indicó el abogado, y buscará una indemnización por perjuicios.
Oscar Ibáñez, especialista en derecho administrativo, aseguró que el proceso que viene tras el anuncio de Centros Poblados podría terminar en un litigio de varios años.
