En el informe «Cali: En el epicentro de la represión», publicado hoy, la organización de derechos humanos recoge pruebas y evidencias sobre el uso de armas letales contra los manifestantes por parte de la Policía e incluso de prácticas como tortura y desaparición forzada, que «demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país».
En dicho informe de 47 páginas, Amnistía se hace eco de datos denunciados por otras ONG, como Temblores o la Campaña Defender la Libertad, que reportaron 4.687 casos de violencia policial, 84 personas muertas, de las cuales 28 son atribuibles a la fuerza pública o 90 víctimas de lesiones oculares.
AI considera que prácticas «como la tortura y la desaparición forzada de personas», que han sido cometidas presuntamente por agentes de la fuerza pública «no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento, destinado a infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica».
El Gobierno, que se basa en los datos de la Fiscalía que hablan de una veintena de muertes en los 50 días de protestas, considera que las actuaciones desmesuradas de la Policía sí fueron hechos aislados y que se está actuando para que sean sancionadas.
Tres casos documentados
Amnistía Internacional centra su investigación en Cali, la tercera ciudad del país y donde más violencia se produjo durante las protestas que comenzaron el 28 de abril, y en especial en tres episodios.
El primero es sobre la «Operación Siloé», que tuvo lugar el 3 de mayo cuando la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) entraron a este barrio humilde de la ciudad y usaron, según la organización, «armas letales como fusiles Tavor 5.56 mm contra manifestantes pacíficos».
«Esa noche se registraron al menos tres personas muertas por herida de arma de fuego, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias», aseguró AI, que ha realizado el informe con entrevistas, material audiovisual e informes de organizaciones y organismos oficiales.
Otro de los casos es el ataque contra la caravana indígena (la minga) del 9 de mayo, atribuido a civiles armados que dispararon «en presencia y con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional» y lesionaron a la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto y otras 10 personas.
Y por último, el otro caso también es de paramilitarismo y se registró el 28 de mayo cuando la Policía usó «la fuerza de manera excesiva» y actuó «coordinadamente con civiles armados», que atacaron a los manifestantes en una zona próxima a la Universidad del Valle.
Además de una decena de heridos, varias personas denunciaron haber sido sometidas a «torturas y tratos crueles e inhumanos» cuando la Policía los detuvo de manera ilegal, según AI.
