Según Oscar Humberto Cote, veedor municipal, el espacio actual es reducido, con apenas 50 funcionarios para una población extensa, lo que genera largas filas y retrasos en la atención. Casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abandono de adultos mayores son frecuentemente reportados, pero las víctimas deben enfrentar esperas que pueden extenderse por días.
En el Plan de Desarrollo, la administración municipal se comprometió a crear un turno adicional para aliviar las largas filas de espera. La estrategia involucraba un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para habilitar una nueva sede ubicada en el barrio La Argentina, reutilizando un centro de salud que se encuentra en desuso. Sin embargo, Oscar Cote denunció que los recursos girados para las adecuaciones no se ejecutaron a tiempo, por lo que se canceló el convenio con el ICBF, dejando nuevamente a la población sin el funcionamiento de este espacio y privándolos de contar con un nuevo punto de la Comisaría de Familia en Piedecuesta.
Oscar Vargas Delgado, veedor que trabaja con población vulnerable, añadió que los horarios limitados de la Comisaría agravan la situación, ya que los casos reportados fuera del horario laboral deben esperar hasta el día siguiente. “La ciudadanía está pidiendo a gritos una solución. No solo afecta a víctimas de violencia, sino también a habitantes de calle y migrantes, quienes necesitan apoyo urgente en temas de derechos y permisos”.
La incertidumbre reina entre los ciudadanos y los afectados por esta falta de espacios, quienes temen que esta problemática se extienda hasta 2026 o que definitivamente no funcionen.
Los ciudadanos hacen un llamado urgente a las autoridades locales para retomar el compromiso con la Comisaría de Familia y garantizar un acceso digno a este espacio para la población vulnerable.
