Los hechos por los cuales la Sala lo condenó, se dieron cuando Mosquera, quien se encuentra ahora en libertad, era gobernador encargado del departamento, entre el 5 de diciembre de 2007 y el 3 de enero de 2008.
Según la Corte, en ese periodo, el exgobernador aprovechó su investidura temporal y cuando apenas llevaba una semana en el cargo, “actuó de forma irregular dentro de dos procesos ejecutivos –el 12686 y el 13462- que se estaban tramitando en dos juzgados del circuito de Quibdó por demandas laborales que habían presentado extrabajadores de la Asamblea Departamental”.
La Corte Suprema determinó que Mosquera suscribió dos acuerdos de transacción con los apoderados de dos de los extrabajadores demandantes, en los que acordó pagar obligaciones laborales que ya habían sido canceladas, otras que no fueron causadas o no eran exigibles judicialmente, y omitiendo además el deber de surtir el trámite ante el Comité de Conciliación y consultar a la Oficina Jurídica del departamento.
La Sala aseguró que dichos acuerdos no eran permitidos y que con ellos comprometió a la entidad territorial a pagar $1.480.000.000 y 3.375.000.000, recursos que no adeudaba la gobernación.
La Corte agregó, “que el procesado hubiera optado por favorecer a un grupo de extrabajadores de la Asamblea Departamental, suscribiendo dos acuerdos en los que se transaron las Litis que pretendían el reconocimiento de cesantías y sanciones por mota de manera arbitraria, permitiendo el camino ilegal, demuestra el desapego total a los principios de moralidad, transparencia, eficacia e imparcialidad que estaba compelido a cumplir en el ejercicio de la función pública que detentaba”.
Además de la condena a prisión, la Corte también ordenó que Mosquera deberá pagar a la Tesorería de la Gobernación la suma de $4.129 millones de pesos y a pagar $8.931 millones de pesos adicionales por perjuicios derivados de su conducta.
Finalmente, la Sala Especial de Primera Instancia compulsó copias a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura, para que investiguen las posibles conductas delictivas y faltas disciplinarias en las que pudieron incurrir los abogados de los extrabajadores demandantes por haber suscrito los acuerdos cuestionados.
También contra un juez del caso que tenía cercanía con uno de los abogados del proceso, y contra los extrabajadores públicos de la Asamblea Departamental del Chocó que recibieron los dineros producto de esos procesos judiciales y, a la fecha, no los han reintegrado.
