Habitantes de California, Vetas, Suratá y Matanza protestan frente a la CDMB este miércoles 25 de septiembre, para exigir que no se permita la declaración, según ellos arbitraria y sin concertación, de una zona de reserva que impediría sus actividades mineras, afectando su derecho al trabajo y la autonomía territorial.
Con pancartas, megáfonos y arengas, las comunidades paramunas expresan su rechazo ante la reciente intención que se anunció por parte del Ministerio de Ambiente de declarar una zona de reserva, que según ellos representaría una amenaza no solo contra su forma de vida, sino también contra el sustento de aproximadamente 35.000 habitantes.
“Nos declaramos en desobediencia civil, contra un decreto que no ha sido concertado con las comunidades, que le hace ‘conejo’ a la delimitación del Páramo que hemos trabajado por 12 años, y que nos condena a la ilegalidad a los mineros tradicionales y ancestrales”, indicó Ivonne González , presidenta de Asomineros.
Según explicaron los manifestantes, las comunidades no están en contra de la protección ambiental, resaltan que son ellos los primeros en proteger el Páramo, pero exigen que se escuchen sus necesidades y que no se prohíba sin concertación y sin argumentos técnicos la minería legal y sostenible por fuera de los limites del Páramo de Santurbán.
“No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte”
Líderes de los manifestantes indicaron que la minería responsable es esencial para el desarrollo de Santander y consideran además que debe ser valorada como parte integral de su herencia cultural.
Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, Consotonorte, indicó que esta declaratoria posiblemente condena a la ilegalidad a centenares de familias y mineros tradicionales que por años han intentado formalizarse para ejercer su actividad de forma legal y responsable.
“No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad, y solo para que la ministra cumpla un acuerdo político con los grupos ambientalistas de Bucaramanga, que no nos representan. Esta medida desconoce la realidad de nuestro territorio, y por eso le pedimos a la CDMB, la Gobernación y la Procuraduría que se unan a nuestra lucha condenando un decreto que incluso está demandado ante el Consejo de Estado por su ilegalidad”, manifestó Maldonado.
A esta jornada de protesta se unieron decenas de familias de Calimineros, la primera empresa de mineros ilegales que pasaron a la formalidad, y que ha sido exaltada por ser el mejor modelo de formalizacíon de Colombia por organismos internacionales como la OCDE, y que hoy busca desarrollar su proyecto de pequeña minería sostenible con el medio ambiente y sin uso de mercurio o cianuro, explicaron líderes de la movilización.
“Nosotros somos la comunidad minera de Santander y defenderemos con nuestra vida nuestro derecho a trabajar y a ejercer una actividad económica legítima, que ha sido parte de nuestra identidad cultural”, indicó Ivonne González, presidenta de Asomineros.
Así mismo, indicaron los afectados que “la persecución a la minería ancestral ha alcanzado niveles alarmantes, con medidas que no solo amenazan nuestra forma de vida, sino que también ignoran la realidad de nuestras prácticas responsables”.
