Las autoridades de California llegaron a un acuerdo por 5,6 millones de dólares en el caso de una mujer a la que le hicieron una búsqueda ilegal en sus genitales además de otras vejaciones cuando iba a realizar una visita a su esposo en una prisión.
En una conferencia de prensa virtual, la víctima, Christina Cárdenas, a quien nunca le encontraron drogas en la requisa ocurrida en septiembre de 2019, dijo este lunes que nada recompensaba los abusos a los que fue sujeta hace cinco años y que su motivación al denunciar es enviar un fuerte mensaje a los oficiales de las correccionales sobre casos como el suyo.
Como parte del acuerdo, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, en inglés) tendrá que pagar 3,6 millones, y la Institución Correccional de California (CCI) dos millones de dólares.
Cárdenas aseguró que los derechos humanos de los visitantes de los prisioneros deben ser respetados y no tratarlos como “criminales”.
Sentar un precedente sobre registro invasivo ilegal
La abogada Gloria Allred señaló en la rueda de prensa que se trata de ataques a una población “vulnerable” y que el caso sentará un precedente en el que los oficiales deben cumplir al pie de la letra lo que permite una orden de registro de un juez.
Los abogados señalaron que este caso no es el único y denunciaron que varios oficiales y un médico de la correccional se extralimitaron con Cárdenas y la sometieron a un registro invasivo, ilegal y escandaloso de su cuerpo, que incluyó la penetración de los dedos del médico en su vagina y el ano.
Los abogados narraron con detalles paso a paso el proceso en el que la hicieron despojarse de su ropa, le dijeron que se secara las lágrimas, la hicieron acurrucarse y ponerse en posiciones incómodas, incluso esposada.
El acuerdo también ordena a CDCR la distribución de un memorando de políticas a todos los empleados para que los oficiales no se excedan en estos registros que están protegidos por la ley.
