La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunció el lunes tras 15 años en el poder, en medio de un dramático levantamiento popular que dejó al menos 20 muertos en las últimas horas.
Miles de manifestantes desafiaron un toque de queda militar y asaltaron su residencia oficial, mientras clamaban por justicia para las familias de los 150 fallecidos en las protestas del mes pasado.
Lo que comenzó como una demanda de reforma en las cuotas de empleo gubernamental se transformó rápidamente en una revuelta nacional que exige el fin del régimen de Hasina, conocido por su control férreo y represión violenta.
Poco después de que medios locales mostraran cómo la asediada líder subía a un helicóptero militar con su hermana, el jefe del Ejército de Bangladesh, el general Waker-Uz-Zaman, declaró el lunes que iba a formar un “gobierno provisional”. El helicóptero aterrizó en la India.
Prometió que el Ejército se retiraría y abriría una investigación sobre la letal represión que impulsó la indignación contra el gobierno, y pidió a los ciudadanos tiempo para restaurar la paz.
“Tengan fe en el Ejército, investigaremos todas las muertes y castigaremos al responsable”, dijo. “He ordenado que ni el Ejército ni la policía hagan ninguna clase de disparo. Ahora, el deber de los estudiantes es mantener la calma y ayudarnos”, añadió.
Por su parte, al menos 20 personas murieron el lunes en las protestas que sacuden la capital. “Aquí tenemos 20 cuerpos”, declaró Bacchu Mia, un inspector de policía, en el hospital universitario de Daca, sin dar más detalles. Testigos y otros policías dieron parte de enfrentamiento entre grupos rivales.
Miles de personas accedieron a la residencia oficial de Hasina en Daca, tras semanas de violentas protestas y choques con las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron de forma pacífica cuando estudiantes frustrados pidieron el final de un sistema de cuotas para empleos públicos, pero después han evolucionado para convertirse en un desafío sin precedentes contra Hasina y su partido Liga Awami.
Los esfuerzos del Gobierno por aplastar las protestas por la fuerza han dejado casi 300 muertos y avivado la indignación y las peticiones de que Hasina renuncie.
Al menos 95 personas, incluidos al menos 14 policías, murieron en choques en la capital ayer domingo, según el principal periódico del país en bengalí, Prothom Alo. Cientos más resultaron heridos en los altercados.
ortado el servicio de internet en celulares durante varias horas desde el domingo en un intento de sofocar las protestas, mientras que la conexión de banda ancha dejó de funcionar al final de la mañana del lunes. Era el segundo corte de internet en el país desde que las protestas se volvieron letales en julio.
Las conexiones fijas y móviles volvieron a funcionar el lunes después de tres horas de corte en la banda ancha.
Al menos 11.000 personas han sido detenidas en las últimas semanas. Los disturbios también han provocado el cierre de escuelas y universidades en todo el país, y en un momento dado las autoridades fijaron un toque de queda con órdenes de disparar a los infractores.
Los manifestantes llamaron durante los últimos días a la “no cooperación”, instando a la gente a no pagar impuestos y facturas de servicios públicos y a no presentarse a trabajar el domingo, un día laborable en Bangladesh.
Las oficinas, los bancos y las fábricas abrieron, pero los viajeros en Dacca y otras ciudades se enfrentaron a dificultades para llegar al trabajo.
Las manifestaciones comenzaron el mes pasado cuando los estudiantes pidieron el fin de un sistema que reservaba el 30% de los empleos públicos a familiares de veteranos que combatieron en la guerra de independencia de Bangladesh contra Pakistán en 1971.
Mientras la violencia alcanzaba su apogeo, la Corte Suprema del país decidió reducir la cuota para veteranos al 5%, con el 93% de los puestos asignados por mérito.
El 2 % restante se reservará a miembros de minorías étnicas y personas transgénero y discapacitadas. El Gobierno aceptó la decisión, aunque los manifestantes han seguido exigiendo responsabilidades por la violencia que atribuyen al empleo de la fuerza por parte del Gobierno.
