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La historia de la exrectora de un colegio en Santander que reclutaba niñas para que las violaran los ‘paras’

Un juez condenó a más de 20 años de prisión a Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, la exrectora de un colegio de Riachuelo, un corregimiento de Charalá, Santander. La Fiscalía demostró que la mujer ofrecía a sus estudiantes a los paramilitares para que abusaran de ellos sexualmente.

Un juez condenó a más de 20 años de prisión a Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, quien fue rectora a principios de los 2000 del colegio Nuestra Señora del Rosario, en el corregimiento de Riachuelo, en Charalá, Santander.

«Un Fiscal acreditó en juicio que la señora Gutiérrez permitió que algunos de sus estudiantes fueran abusados sexualmente y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal», afirmó la Fiscalía General de la Nación cuando anunció la condena para la mujer.

Gutiérrez de Moreno estuvo en la dirección del colegio entre 2001 y 2006, cuando los paramilitares del Frente Comunero Cacique Guanentá llegaron a Riachuelo para tomar presencia en esta zona de Santander, que se convirtió en un corredor importante para los paramilitares.

La historia de Lucila Gutiérrez, la exrectora de un colegio en Santander, que reclutaba niñas para que los paramilitares las violaran

Los jefes de esta organización criminal empezaron a contar detalles de cómo la entonces rectora, Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, ofrecía a sus estudiantes, tanto hombres como mujeres, para que los paramilitares los abusaran sexualmente.

Alias, exjefe paramilitar, ‘Víctor’ es señalado de financiar, con el consentimiento de la entonces rectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario, Lucila Inés Gutiérrez, reinados y bazares en el centro de enseñanza.

Las estudiantes, contra su voluntad, debían recoger dinero supuestamente destinado para obras de la institución educativa. Los comandantes paramilitares se convirtieron en los principales patrocinadores.

La historia de Lucila Gutiérrez, la exrectora de un colegio en Santander, que reclutaba niñas para que los paramilitares las violaran

Se elegía en una ceremonia, donde las niñas desfilaban ante la tropa, a una ganadora. José Hilario Higuera, alias ‘Gatillo’, mando medio de los paramilitares de la zona, aseguró a Vanguardia en 2021 que alias ‘Víctor’ convirtió a las reinas de esos bazares en sus esclavas sexuales.

“Los paramilitares obligaban a los menores de edad a que los acompañaran en todo momento y abusaban de ellos cuando los emborrachaban o mediante amenazas de muerte. Nunca presentaron las denuncias, debido a que la población era muy pequeña y temían por su vida”, consigna una declaración ante la Fiscalía.

Lucila Inés Gutiérrez estuvo en la rectoría del colegio hasta 2013. Es esposa del exconcejal de Charalá Luis Moreno, vinculado con las Autodefensas.

Alias ‘Gatillo’ acusó directamente a esta pareja de incidir en el homicidio de Libardo Díaz Díaz, un campesino señalado de ser integrante de la guerrilla y quien fue asesinado detrás del colegio.

El Juzgado Tercero Penal Especializado de Bucaramanga los condenó a 26 años de cárcel por este homicidio. En la actualidad están prófugos de la justicia.

Sin embargo, el Juez Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, le dio un giro a este caso, tras otorgarles la libertad en julio de 2017 debido a aparentes fallas en el proceso por parte de la Fiscalía.

“Hace más de un año lo habíamos advertido al Fiscal General de ese entonces las múltiples irregularidades. En las visitas que hicimos en la zona recaudamos más de 67 pruebas a favor de los indiciados. Las pruebas que había recaudado la Fiscalía lo había hecho sin notificar a la defensa, sin permitirle a los procesados el ejercicio de su derecho a la defensa violando el debido proceso”, manifestó el exdiputado del Valle del Cauca, Silgilfredo López, a través de un comunicado en video, quien fue uno de los defensores de Lucila Gutiérrez de Moreno.

Pese a recobrar la libertad, siguieron vinculados a otro proceso judicial por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado.

Por esta razón la Fiscalía General de la Nación logró que un juez condenara a Lucila Gutiérrez de Moreno a 20 años y 9 meses de prisión.

Los horrores del conflicto

José Danilo Moreno Camelo, alias ‘Alfonso’, fue el comandante general del Frente Comuneros Cacique Guanentá cuando se inició en el año 2000, que se desmovilizó en el nordeste de Antioquia a mediados de 2003. Pero fue durante la dirección de Carlos Alberto Almeida Penagos, alias ‘Víctor’, el segundo comandante militar al mando de esta agrupación que operó en Riachuelo, que su subalterno, William Parra Arroyave, alias ‘Diego Armando o Chuster’, jefe de la escuela de formación, emprendió el abuso contra los menores en compañía de alias ‘Chirrete’ y ‘Silvestre’, quienes se encargaban de reclutarlos y también abusarlos. Así lo han asegurado varios de los ‘paras’ sometidos a Justicia y Paz.

‘Chirrete’ y ‘Silvestre’, al parecer asesinados por sucesores de ‘Víctor’ –que fue capturado en 2003 y que falleció en 2005 –, permanecían en la escuela que funcionaba en inmediaciones de la finca El Cuadro, en Riachuelo.

Las víctimas de este conflicto afirman que Parra Arroyave o ‘Chuster’ también tenía un prostíbulo en San Gil, cuyas mujeres trasladaba hasta fincas de las distintas veredas de Charalá durante las celebraciones. “Traían a ‘doctoras’ de San Gil que hacían musarañas desnudas, a las que les prendían velas sobre el cuerpo y bebían whisky. Al mismo tiempo, llevaban muchachas de Riachuelo para que aprendieran lo que ellas hacían. Mi marido decía que eran mujeres de la vida alegre”, recuerda una de las sobrevivientes de estos hechos.

Al parecer, la instrucción que se daba en El Cuadro estaba relacionada con la que se impartía en la vereda La Mina, corregimiento de Pueblo Viejo, en Coromoro, donde también funcionó una escuela de reclutamiento, a donde llegaban jóvenes provenientes de todo el país.

Esta escuela, según la versión entregada por los paramilitares vinculados a Justicia y Paz, duró muy poco, pero varias de las víctimas lo niegan, pues aseguran que muchos jóvenes fueron sometidos durante años a entrenamiento en estos lugares.

La caída o ‘Salto del Ángel’ que hoy día es un lugar frecuentado por los pobladores los fines de semana, también esconde muchas historias. Según se ha podido conocer en los relatos de algunos desmovilizados, en este lugar se creó una especie de discoteca, con luces de colores que apuntaban a la caída de agua y casas hechas en medio de los árboles, donde la rumba y la tragedia se mezclaban cada noche. “Allí se arreglaban matrimonios, se liquidaban sociedades, se cobraban deudas, se hacían diligencias de Comisarías de Familia… Aplicaban los códigos de las Autodefensas, eso fue lo que dijeron algunos de los postulados (a Justicia y Paz)”, aseguran las víctimas.

En este trágico escenario también figura alias ‘Rodrigo’, el tercer y último comandante militar y financiero que tuvo el Comuneros Cacique Guanentá en esta zona. ‘Rodrigo’, Gerardo Alejandro Mateus Aceros, en sus versiones libres ha dicho que aunque la organización no quería tener menores por orden de ‘Julián Bolívar’, cada uno de los frentes se manejaba “con diferentes directrices el tema y sí hubo reclutamiento de menores”.

De acuerdo con este postulado, los menores que ingresaban a este campo de entrenamiento superaban los 15 años y lo hacían de manera voluntaria. Sin embargo, algunos de los menores que se han reintegrado a la sociedad civil, aseguran que eran seducidos por la falta de recursos económicos y de educación, y porque muchos reclutadores entregaban información sobre sus familias. “Por eso a muchos se los llevaron a la fuerza”, recuerda uno de los testigos.

La historia de Lucila Gutiérrez, la exrectora de un colegio en Santander, que reclutaba niñas para que los paramilitares las violaran

En agosto de 2003, alias ‘Rodrigo’ fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. Hoy día se encuentra en una de las cárceles de Bucaramanga y como postulado a Justicia y Paz sigue rindiendo declaraciones sobre sus víctimas.

Tras la caída de este ‘eje del mal’, el Frente Comunero Cacique Guanentá es trasladado a Puerto Berrio. “Dicen que por aquí no hay más ‘paras’, pero la justicia no le ha echado mano a otros, a los que les acolitaban todas sus fechorías. Ojalá esto termine en paz”, comenta otro de los afectados.

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