La fiscalía remitió un dictamen al Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el que defiende el cumplimiento de la condena en Brasil, por entender que respeta la legislación nacional y porque serviría además para mostrar el compromiso de Brasil con la represión del crimen y la cooperación jurídica.
En un comunicado, el MFP subraya que si Brasil no obliga a Robinho a cumplir la condena, el Estado corre el riesgo de permitir la impunidad de un crimen cuya materialidad y autoría han sido reconocidas internacionalmente.
El órgano fiscal también rebatió un argumento de la defensa de Robinho, que cuestionaba la legalidad de los procesos por medio de los cuales fueron recabadas algunas pruebas que sirvieron para condenar al exfutbolista.
Robinho, que se encuentra en Brasil, aunque está sin pasaporte y, por tanto, impedido de dejar el país, fue hallado culpable en 2022 por la Justicia italiana de participar en una violación colectiva contra una joven albanesa en una discoteca de Milán en 2013.
La sentencia es firme, pero la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos, ante lo cual las autoridades del país europeo pidieron la homologación de la sentencia para que pueda ser ejecutada en Brasil.
La violación ocurrió en 2013, cuando Robinho jugaba en el Milán, y en ella también participó un amigo suyo, Ricardo Falco, que también fue condenado por ello.
