La policía ofrece hasta 50 millones de recompensa por información que permita dar con los responsables del incendio en la sede de la Registraduría en Gamarra.
“La Registraduría Nacional del Estado Civil rechaza contundentemente el asesinato de la funcionaria Duperly Arévalo Carrascal, quien fallece como consecuencia de la quema total de nuestra sede municipal de Gamarra, Cesar”, indicó la Registraduría en un comunicado.
Es que en la mañana de este 28 de octubre –24 horas antes de que inicien las elecciones regionales– un grupo de manifestantes acudió hasta la sede de la Registraduría y le prendió fuego. La motivación de esta acción, al parecer, tiene que ver con la inconformidad de algunos ciudadanos porque el CNE le revocó la candidatura al aspirante a la alcaldía Fernando Márquez.
“Un grupo de ciudadanos protestaba porque su candidato, el 16 de octubre, perdió el aval por parte del Consejo Nacional Electoral. Algunos de ellos, en una actitud delincuencial y demencial, arrojaron gasolina. Los tenemos identificados”, relató el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Arévalo Carrascal corrió hasta el baño en busca de refugio y allí se produjo su deceso. De acuerdo con la información oficial, la muerte se pudo haber ocurrido por la inhalación del humo o por las quemaduras que le produjo el incendio. Eso sí, las autoridades dijeron que se trató de un homicidio y que buscarán a los responsables.
“Se ofrece una recompensa de hasta $50 millones para dar con el paradero de los responsables de este atentado criminal, y he dispuesto el traslado de un equipo especial de policía judicial para liderar la correspondiente investigación”, dijo, por su parte, el director de la Policía, el general William René Salamanca.
La funcionaria fallecida trabajó en la Registraduría desde 2018 como auxiliar administrativa. Era madre soltera de dos niños de 13 y 7 años.
La información preliminar también indica que la registradora municipal y su auxiliar sufrieron quemaduras. La Policía informó que dos de sus uniformados también resultaron lesionados.
El motivo de esta protesta tiene que ver con la revocatoria que sufrió la candidatura de Fernando Márquez. De acuerdo con el CNE, el político está inhabilitado porque habría firmado contratos con la empresa de servicios públicos municipales mientras se desempeñó como representante legal de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Bolívar y Cesar, AGROMOL.
“Estas vías de hecho y acciones generan zozobra y amenazan la seguridad de las elecciones. Desde la Registraduría se hace un llamado a todas las autoridades para que garanticen la vida e integridad de nuestros funcionarios en todo el país que, con esfuerzo y dedicación, han trabajado incansablemente por un proceso electoral transparente y rodeado de garantías”, puntualizó la Registraduría.
