En diciembre del 2022, mediante el Decreto 2497, el Gobierno nacional inició la aplicación de rangos diferenciales para la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
En ese momento otorgó un descuento del 50 % a algunas categorías de vehículos. Los principales beneficiarios serán los usuarios de motocicletas.
Hay que recordar que meses anteriores al decreto, en septiembre de 2022, las motos representaban el 78,9 % de los vehículos que no tenían Soat.
Según el Runt, de los 17,4 millones de vehículos que conformaban el parque automotor, 8,4 no contaban con el seguro, de los cuales 6,6 eran motocicletas.
Es así como analistas del sector coinciden en que esta medida no logró aumentar la cobertura del seguro. El descuento estaba dirigido a los vehículos de las categorías A1, A2, A3, B1, B2 y B3, que representan el 60 % del parque automotor del país.
Sin embargo, según las cifras de la Superintendencia Financiera, el número de vehículos asegurados en estas categorías aumentó solo un 2 % en el primer semestre de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022.
De esta manera, el descuento del 50 % en el Soat fue una medida que no cumplió con sus objetivos. No logró aumentar la cobertura del seguro ni reducir la evasión, y solo implicó un incremento en la carga fiscal.
Además de esta situación, el Soat está en crisis por la alta accidentalidad, el flagelo del fraude y la evasión, así lo asegura Fasecolda, que ve estos factores como las principales problemáticas del Soat.
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Habla Fasecolda
Según el gremio, es una buena noticia que el Gobierno quiera resolver esta situación.
Cabe recordar que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito siempre ha hecho parte del sistema de salud. «Nuestra Constitución permite la colaboración entre particulares y públicos en pro del bienestar social y este seguro es un ejemplo de ello».
El seguro es una herramienta de política pública que le ha servido al país, no en vano ha funcionado desde 1986, es decir, por 37 años ha atendido a todas las víctimas de accidentes de tránsito. En los últimos 10 años, sumamos 6 millones de personas, dice Fasecolda.
Según el gremio asegurador, el Soat existe porque conducir es una actividad peligrosa, así lo define el código civil, y como conducir genera un riesgo, la gran virtud, es que quienes generan el riesgo son quienes pagan para poder atender esos daños a otras personas, liberando recursos al sistema.
El año pasado con las primas recibidas se asumieron reclamaciones de víctimas de accidentes de tránsito por $2,4 billones, precisa Fasecolda.
«Lo más importante es la construcción de un pacto social en favor de la seguridad vial. Hemos insistido en diferentes instancias que ese compromiso debe ser de todos los sectores».
Aumento de carga fiscal
Ante este panorama, el Instituto de Ciencia Política advierte que al ser una forma de subsidio que tenía tendencia de permanencia, aumentaría la carga fiscal, en un valor que se calculó, equivaldría a $2,5 billones, cerca del 10 % de la reforma tributaria.
10 meses después de su expedición, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reconoció diciendo que, “la medida no dio los frutos que se esperaba dado que no disminuyó el porcentaje de personas que evadían la compra del seguro”.
«Si bien apenas se expidió el decreto se incrementó la venta de pólizas para moto (38 % frente a 2021, el mayor en 10 años), a mayo de 2023 (últimas cifras de Fasecolda), las ventas presentaron un aumento similar al de antes de la medida: 18 % en 2021, 13 % en 2022, 19 % en 2023)», detalla el Instituto de Ciencia Política.
Para esta entidad, esta medida no incrementó la venta de pólizas. El gobierno tuvo que:
1. Cubrir el 50 % del descuento de quienes aprovechan el subsidio, y 2. Continuar asumiendo el costo de los accidentes de los evasores. «Lo que significa más gasto público con dinero de los contribuyentes».
Siniestros viales
Por otro lado, a agosto de 2023, las motos continúan representando la mayor cifra de siniestros viales, estando involucrados en aproximadamente el 60 % de los accidentes de tránsito, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
«El decreto terminó promoviendo que los ciudadanos comenzarán a asumir los costos sociales y económicos de la accidentalidad», dice el Instituto de Ciencia Política.
Algunas de las críticas que se hicieron a la medida incluyen:
1. Era una medida populista que no tenía un fundamento técnico. El descuento fue anunciado sin un análisis de los costos y beneficios de la medida.
2. Era una medida regresiva que beneficiaba a los vehículos de menor cilindraje, que son los que están asociados a un mayor riesgo de accidentalidad.
3. Era una medida que no resolvía los problemas estructurales del Soat, como la evasión y la falta de cobertura para los accidentes graves.
¿Iba a salir mal?
Mauricio Santa María, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, recuerda que este tanque de pensamiento había advertido que la reducción de la tarifa del Soat para las motos iba a salir mal, porque:
1) No se planificó bien y era una medida surgida de una idea sin ningún cálculo o estrategia.
2) ¿Cómo se puede argumentar que rebajar la prima de un seguro (en 50 %) al grupo que más siniestralidad presenta es una buena idea? «Eso es absolutamente injustificable desde cualquier perspectiva».
3) El argumento que, bajando la tarifa, la evasión disminuiría y así se compensaría la pérdida era simplemente una moneda al aire.
«Ningún estudio la sustentaba y no se implementó ninguna estrategia para materializarla. Por eso no es sorpresivo que hoy salga el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a decir, acertadamente, que eso salió muy mal».
Santa María insiste en que la evasión no bajó, la siniestralidad entre las motos aumentó y se abrió un hueco de cerca de $1 billón, que agrava la ya muy grave crisis del sistema de salud que el Gobierno ha generado para justificar su nefasta reforma».
El experto asegura que ahora todos los colombianos tendrán que pagar ese hueco con mayores impuestos, la calidad y oportunidad de la atención médica en los accidentes de tránsito caerá y la caja del sistema de salud (tanto para EPS como IPS) se apretará, lo que en últimas terminará afectando la calidad de la atención en salud en general.
«Ese es el resultado de medidas populistas, que se implementan sin planeación y sin atender la evidencia, la teoría y el sentido común», dice el presidente de Anif.
En conclusión, según el instituto, se debería enfocar en lograr que los ciudadanos asuman la responsabilidad individual del pago oportuno de los seguros lo cual garantiza que quienes tengan mayores riesgos de incurrir en un siniestro sean los responsables de asumir también el costo de preverlo, garantizando mediante el principio de solidaridad, que rige los seguros, la sostenibilidad del sistema.
