Las niñas y los niños de Santander, durante los últimos años, han participado en 15.249 delitos. Se trata de una cifra demasiado alta, tratándose de una población tan joven.
Son los hurtos, con el 16 % de los casos, el delito en el que más han sido protagonistas estos menores de edad. Les siguen el tráfico de estupefacientes, con 12 %; y los delitos sexuales, con 3.9 %.
El año más neurálgico en la vinculación de estos menores en delitos fue 2018, con 1.777 casos; y el año en donde menos se registraron actos delictivos, fue 2020, con 211. Hay que recordar que esa fue la época en la que se declaró la ‘Emergencia Sanitaria’ por la aparición del COVID-19.
Lo preocupante es que después de la pandemia; es decir, del 2020 a hoy, se volvió a disparar la vinculación de niños y niñas a actos delictivos. ¡En efecto! Desde entonces hay un aumento considerable del 54 %.
Tales porcentajes, que fueron consolidados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, son preocupantes.
Lo peor es que, entre la población joven, el fenómeno del microtráfico de sustancias sicoactivas está relacionado con los delitos de hurtos. Los menores de edad roban para acceder a sustancias alucinógenas y para mantener el ‘status’ que se requiere para estar en el círculo de la delincuencia juvenil.
Punto de vista
A juicio de Julio César Acelas, experto en temas de seguridad, desde hace tres décadas, los menores de edad han estado involucrados mayoritariamente en los delitos de hurtos y estupefacientes, “pero llama la atención la consolidación de un grupo delitos nuevos: los sexuales”.
Según explicó, “la excesiva exposición y el uso de pantallas virtuales, además del fracaso o la ausencia de las estrategias y acciones de educación sexual en los colegios y en las familias, podría explicar esta dinámica. Es obvio que este será un reto para las nuevas autoridades”.
“También, desde finales de los 80, la vinculación histórica de los menores al consumo y tráfico de estupefacientes ha sido una constante. Esto se agrava en la medida en que la institucionalidad no cuenta con estrategias ni alternativas eficaces para prevenir el consumo de psicoactivos, ni ofrece mejores incentivos de vida a los jóvenes consumidores”, precisó.
“Lo otro es que el microtráfico les ofrece a muchas familias y jóvenes una alternativa económica y de ingresos en medio de una situación de desesperanza y de afugias”, argumentó.
“Ello sucede en un contexto de fortalecimiento del área metropolitana desde los noventa, como un nodo blanco de narcotráfico. Desde aquí se controla parte del tráfico de drogas a las ciudades de la Costa, Venezuela y el nororiente colombiano y en esta zona viven muchos capos y jefes de bandas mafiosas”, dijo.
“Ojo: muchos de estos menores no se pueden catalogar de ‘delincuentes’; son muchachos que experimentan con el delito como una alternativa de sobrevivencia ante la ausencia de mejores incentivos institucionales, buscando reconocimiento social y personal. Ahí es donde las políticas y las estrategias de prevención deben focalizarse desde la alcaldía e instituciones”, señaló.
Para tener en cuenta
De acuerdo con el sociólogo Juan Manuel Montero, “la denominada ‘delincuencia adolescente’ es un fenómeno que aumenta en medida del progreso de nuestra sociedad y la permisividad de los núcleos familiares de los mismos jóvenes”.
“Aquí no hay una justicia especializada para menores, ya que para este esquema se utiliza el sistema penal tradicional. Tampoco hay centros de resocialización que cuenten con la infraestructura necesaria para atender a los jóvenes delincuentes”. Según él, “ante tal panorama, se deben poner medidas correctoras a esta problemática; pero es importante decir que para atacar esta situación hay que estudiar los factores de riesgo que lo propician, así como las motivaciones o circunstancias que llevan al menor a adoptar estas conductas delictivas”.
