El cuerpo tendido de María Juliana Murzi Pabón sobre la carrera 27 con avenida González Valencia conmovió a Bucaramanga el pasado lunes 14 de agosto. Esta joven estudiante de la Facultad de Medicina de la Udes perdió la vida al ser arrollada por otro motociclista que omitió las señales de tránsito. Éste, a su vez, está en UCI y con pronóstico reservado por el fuerte choque.
Era la madrugada de ese lunes, el sol apenas despuntaba el alba y los primeros trabajadores de la ciudad apenas se movilizaban para ir a sus labores cotidianas. Uno de ellos era María Juliana, quien iba a su lugar de prácticas, requisito para graduarse de médica, su sueño desde niña.
María Juliana se movilizaba en el sentido sur a norte por la carrera 27. Conducía una moto Kymco Auteco, color blanco, de placa RNQ-82B. Mientras tanto, por la González Valencia descendía un domiciliario que iba en una moto Suzuki GN, color negro, de placas PPI-04E.
Al parecer, éste último no hizo el pare y pasó la intersección a toda velocidad, encontrándose en el trayecto a la joven estudiante de Medicina.
“Entregada a su carrera. Era el orgullo de nuestra familia. Ella estudió esa carrera para servir, quería ser pediatra, pero le arrebataron su sueño”, recordó una de sus tías.
Un sueño truncado
Su sueño lo truncó una moto sin revisión técnico mecánica, sin el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) y su conductor, además, no tenía licencia de conducción y se comió (omitió) un pare. Cuatro hechos que confluyeron en un solo accidente y que demuestran hasta qué punto han llegado la gravedad de la evasión en la región, la violación a las normas de tránsito y la irresponsabilidad social.
Así lo confirman las cifras del Runt, plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito, que revelan una evasión del Soat del 50 % en Santander, en el primer semestre del 2023. Es decir, de los 1’067.003 vehículos inscritos, 535.669 no están al día con este seguro.
Y la evasiva para mantener actualizada la técnico mecánica en la región aún es más alta, asciende por el orden del 58 %. Esto equivale a 547.096 vehículos sin esa revisión para poder transitar por las vías.
En cuanto a licencias de conducción, el Runt reportó 28.660 expediciones por primera vez en Santander y 103.076 renovaciones para el primer semestre del año. Hay que recordar que el pasado 20 de junio se venció el plazo para la renovación de las licencias de conducción que estaban cobijadas con la Ley 2161 de 2021. Y el 76 % de esos pases eran de motociclistas.
Vanguardia conoció que el domiciliario no tenía ningún tipo de documento en regla que le permitiera estar desplazándose por las calles de la ciudad en este vehículo al momento del accidente. Incluso, se supo que, desde el pasado 16 de julio, esta motocicleta no tenía vigente el Soat.
Un mes después, esta misma motocicleta, sin vigencia en su revisión técnico mecánica; y este domiciliario, sin la licencia de conducir, protagonizaron este siniestro. Por eso, sus amigos y compañeros le rindieron un homenaje a María Juliana para honrar su memoria y reclamar justicia por su muerte.
Lo hicieron con una ‘velatón’ en el mismo sitio donde cayó su cuerpo, en la noche del 17 de agosto, cuando el sol le dio paso al resplandor de la luna y a las farolas encendidas de motos y automóviles para acompañar las luces de las velas alojadas sobre el asfalto caliente de la intersección.
“No es justo lo que le pasó. Ya este año terminaba las prácticas y en enero se graduaba. Siempre estará en nuestras memorias”, afirma uno de sus conocidos.
¿Cultura de la evasión?
El caso de María Juliana es una muestra de la acentuada cultura de la evasión en la región y en el país. Y se profundiza más en el sector de las motocicletas y sus propietarios o conductores. Por ejemplo, de los 18,4 millones de vehículos que circulan en Colombia, solo 9,7 millones cuentan con un Soat vigente, es decir, que el 47 % evade el cumplimiento de la obligación. Son datos confirmados por Fasecolda a corte del primer semestre de 2023.
Y si se pone la lupa en el segmento de motos, esta evasión asciende al 59 %, lo que equivale a 11,2 millones que no cuentan con este seguro.
Esa tendencia evasora no es exclusiva en Santander, así lo reconoció Johanna Cárdenas Acevedo, directora de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, quien considera que no es un asunto único de los santandereanos.
“Estudios y encuestas en el país muestran que hay una cultura alrededor de la evasión de impuestos que se da en todos los niveles socioeconómicos, aunque por distintas razones. Sin embargo, si en algo se coincide es en la alta percepción de corrupción en el manejo de los recursos públicos y la falta de confianza en los gobiernos, lo que por supuesto afecta esa disposición a pagar impuestos o en este caso el seguro de movilidad y transporte”, precisa Cárdenas.
La exposición de esta evasión es tan grave, según la directora, para una ciudad que reportó por lo menos 3.000 accidentes de tránsito en el 2022, 3.036 lesionados y 161 personas fallecidas. Y en toda el área metropolitana la suma llega a los 4.447 siniestros viales.
Aún es más delicada la situación revelada por el informe de Calidad de Vida de Bucaramanga Metropolitana de Bucaramanga Cómo Vamos. Éste da cuenta de un aumento en la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (por cada 100.000 habitantes) en los últimos dos años, al pasar de 7,79 a 10,04. El indicador desmejoró y está con semáforo en rojo.
Entre los retos que identificó este informe está el de fomentar la educación vial en la ciudadanía y el control en el cumplimiento de las normas.
“Existe una profunda falta de cultura vial en la ciudadanía del área metropolitana que impacta indicadores de accidentalidad, por ello, se requiere fortalecer la educación vial desde diferentes ámbitos y actores sociales; así como aumentar las sanciones, lo que requiere incrementar el número de agentes de tránsito en los municipios para disuadir y sancionar efectivamente a los infractores”, sentencia el documento de este colectivo.
Consecuencias y resistencia
Familiares y allegados trasladaron este 17 de agosto el cuerpo de María Juliana a Arauca, su tierra natal, en donde la esperaban su papá, Julio Murzi; su mamá, Ana Lucía Pabón Mantilla; y su hermana menor.
La despidieron y pidieron justicia y celeridad en la investigación que adelantan las autoridades por la presunta responsabilidad de Ángelo Umbría Agüero, quien habría omitido con su moto una señal de pare y no contaba con documentación.
Ante este suceso, la abogada Andrea Méndez, especialista en Derecho Internacional de Transporte de la Universidad del Externado y experta en movilidad, afirma que un conductor al no contar con los papeles en regla, tanto del vehículo que conduce como su respectiva licencia de conducción, es un peligro inminente al volante para su vida y la de quienes se encuentre en la vía.
“Una de las consecuencias más graves, en un accidente fatal de tránsito como ocurrió en este hecho, son las precarias condiciones técnicas del vehículo, que transita sin revisión técnico mecánica”, puntualiza la experta.
Otra consecuencia, según Méndez, es movilizarse sin Soat, condición que está elevada en el país. “Aquí se deben tomar medidas”.
La especialista recuerda el descuento del 50 % de esta póliza, desde enero de este año, medida que no ha sido efectiva porque la evasión sigue alta. Es una “realidad que se complejiza cuando la siniestralidad en el territorio también es elevada. Se dio un incentivo, pero el actor vial no lo vio atractivo”.
Según Fasecolda, antes de la medida del Gobierno nacional, que estipulaba este beneficio para que algunos vehículos adquirieran el Soat más barato, la evasión en motos era del 62,5 % y, a mayo de 2023, se ubicó en 59,5 %.
Méndez considera que hay una resistencia a portar los documentos al día, que se torna preocupante porque los esfuerzos no han servido y esto abre aún más el déficit de los recursos para la asistencia médica derivados de estos accidentes de tránsito.
“Es prioritario que los conductores se concienticen en que movilizarse por las vías sin documentos o sin requisitos técnicos y mecánicos para conducir es grave para la vida, incluso por encima del tema económico. Todos los días vemos accidentes, como el de María Juliana, que dejan a familias tristes por imprudencia vial y que esta lleva detrás el no porte de documentos, sin seguros ni condiciones técnicas”, advierte la experta.
‘Último adiós’
En la tarde del jueves 17 de agosto le dieron el ‘último adiós’ a María Juliana. Sus seres queridos la honraron en la capilla del barrio Miramar, en Arauca, para luego llevarla hacia el campo santo de esa ciudad.
Su tía Luz Mojica recuerda como doña Ana Lucía, una pensionada de una compañía de seguros, daba todo porque su hija se graduara como médico.
“Así siempre te recordaremos, levantándote todos los días para alcanzar el sueño de tu vida, te fuiste mucho antes de lo que hubiéramos esperado. Te vamos a extrañar mucho, gracias por cada consejo, cada risa, cada momento compartido”, comenta Karol Páez, una de las compañeras de María Juliana en su formación académica.
En 2017, luego de cursar sus estudios de primaria en el colegio Pablo Neruda y el bachillerato en la Escuela Normal Superior María Inmaculada, de la capital araucana, viajó a Bucaramanga para cumplir su sueño.
“Ahora en enero se graduaba y ya planeábamos esa celebración, pero nos la arrebataron en ese trágico accidente”, cuenta su tía.
Ante este siniestro, Darío Hidalgo, investigador de la movilidad sostenible y doctor en Ingeniería Civil del Planeamiento de Transporte Urbano y profesor de la Universidad Javeriana, lo lamenta y asegura que ahora entra a la lista de las 4.000 personas en Colombia que mueren en accidentes siendo usuarios de motocicletas.
“Esto refleja un problema gravísimo de seguridad vial, de mal estado de la infraestructura, de vehículos que no tienen condiciones adecuadas para ayudar los pilotos motociclistas y de incumplimientos de normas básicas, así como imprudencias impericias”, sentencia Hidalgo.
El experto hace un llamado de atención para que las autoridades de tránsito refuercen los controles, en especial con los usuarios de motocicletas, para que estos cumplan los requisitos. También avanzar en procesos de licenciamiento, pero que sean exigentes para que conductores demuestren la pericia en el manejo de la moto.
“Asimismo, se debe aumentar el control en el porte del seguro obligatorio, que es el sistema de solidaridad para poder cubrir los costos de salud, y que en este momento está desfinanciado. Necesitamos que los vehículos tengan al día la técnico mecánica oportuna. Estas son las condiciones mínimas para circular”, indica el experto en movilidad.
Hidalgo agrega que el hecho de que trabajan con su motocicleta, como es el caso del domiciliario herido, no los exime del cumplimiento de reglas básicas, ni de las conductas adecuadas en la vía.
Por todo lo anterior, de acuerdo con datos consultados en el Sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (Simit), tras el siniestro vial, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga procedió a imponerle tres comparendos por las infracciones DO1, D02 y C35.
“No tenía ninguno de los tres documentos (Soat, revisión técnico mecánica al día y licencia de conducir). Se procedió a imponer los tres comparendos”, confirma Carlos Bueno, director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
Carga para el sistema
Johanna Cárdenas Acevedo, directora de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, explica que el panorama de evasión es delicado para quienes sufren accidentes, debido a que no pueden contar con la atención médica adecuada debido a la falta del seguro.
Asimismo, quienes no lo tienen, terminan siendo una carga para el sistema de salud y todos los contribuyentes, puesto que los costos médicos, que deberían ser asumidos por una empresa aseguradora, “terminamos asumiéndolos todos a través de recursos públicos”.
Por su parte, el ingeniero de transportes Héctor Gerardo Cáceres, exdirector de tránsito de Bucaramanga, sostiene que estos accidentes, sin seguros ni documentos, tienen problemas para el cubrimiento de los gastos médicos. “Lo más delicado, los afectados podrán enfrentar dificultades para recibir atención médica inmediata y de calidad por la falta de ese seguro”.
Darío Hidalgo, investigador de la movilidad sostenible, agrega que, si estos costos suben, pero los ingresos por el pago del Soat no crecen, entonces lo que tienen que pagar las personas que sí lo hacen será mayor, o de lo contrario, se necesitarán más recursos públicos para financiar lo faltante. “Estos dos escenarios evidencian que el dinero sale del bolsillo de los ciudadanos, sean de los propietarios o vía impuestos”, concluye.
Coctel de problemas
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, detalla que la alta accidentalidad y el fraude al Soat han generado una crisis en el seguro que, por décadas ha salvado vidas. Desde hace por lo menos cinco años, el gremio asegurador ha advertido sobre los efectos adversos de estas problemáticas.
A la evasión, se suma el fraude. El dirigente gremial señala que algunos prestadores de servicios de salud inflan las atenciones de los heridos hasta los topes permitidos por las coberturas. Por ejemplo, un accidente menor termina por consumir los niveles garantizados, haciendo inviable el modelo financiero. “El transitar sin licencia y sin la revisión técnico mecánica aumenta el riesgo de accidentalidad en las vías del país, lo que, sumado a lo anterior, desangra al Soat y pone en riesgo su sostenibilidad”.
Para Morales, la evasión del Soat es un problema cultural. “Pese a los descuentos que otorgó el Gobierno nacional, persiste la evasión de este seguro en el país”. Las motos representan el 51,1 % de las expediciones de la póliza, con 1,9 millones aseguradas en los primeros cinco meses del 2023, lo que representa un alza del 19,1 % respecto a 2022.
Fasecolda precisa que, si se unifican motos y carros, por cada $100 que recibe una compañía de seguros, esta paga $118 en siniestros del Soat. Pero en las motos la cifra es aún mayor, pues por cada $100 se pagan $258.
¿Normativa rezagada?
Fabián Fontecha Angulo, subdirector de Transporte del AMB (área metropolitana de Bucaramanga), considera que este accidente demuestra que la normatividad colombiana se ha quedado rezagada a los nuevos tiempos, donde el número de conductores ha crecido de manera exponencial y descontrolada.
“Ante la evidente debilidad de control en las vías, se ha generado un fenómeno que consiste en que el ecosistema de la vía pública está dominado por conductores conscientemente incompetentes. Esto en parte como producto de la flaqueza en vigilancia e inspección de la formalidad de documentos, que sigue siendo operada por agentes de tránsito, que son insuficientes en su número”, advierte el subdirector.
Fontecha Angulo sostiene que es indispensable brindarles apoyo tecnológico para que tengan las posibilidades de dar mayor trascendencia de la figura de la autoridad en vía pública, a través de cámaras, sensores de velocidad, tratamiento de bases de datos cruzadas para verificar cuáles, dónde y cuándo están las personas sin elementos básicos para transitar.
Según el funcionario, lo anterior debería ser indispensable para el control para la actividad económica de la mensajería y domicilios, que requeriría de un registro único de mensajeros; la necesidad de que los elementos tecnológicos ayuden la revisión de sus desplazamientos, y que estos conductores respeten la normativa y señales de tránsito, así como especificaciones técnicas para baúles en estos vehículos. “Y esto requiere un soporte legislativo”, señala.
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