Pasados más de 2 años del crimen del líder estudiantil Lucas Villa Vásquez en Pereira, este jueves la Fiscalía logró dar con la captura de uno de los presuntos articuladores del homicidio, que generó estupor y zozobra en medio del Paro Nacional de 2021.
Se trata de un individuo identificado como Jonatan Stiven Mejía Hurtado, conocido como alias Truan, a quien el organismo calificó como uno de los presuntos articuladores principales del crimen y quien sería el jefe de sicarios de una estructura de la organización delincuencial ‘La Cordillera’, que tiene injerencia en el barrio San Judas Tadeo, en Dosquebradas (Risaralda).
Justamente, Mejía fue capturado en Dosquebradas y, de acuerdo con la investigación, en asocio con otros integrantes de su grupo, recibieron la instrucción de asesinar al líder estudiantil.
“Habría participado en la planeación de la acción criminal, seleccionado a los sicarios que vigilarían a la víctima y posteriormente perpetrarían el ataque”, señaló el organismo.
Al parecer, los máximos cabecillas de ‘La Cordillera’ consideraban que la labor que ejercía Villa Vásquez durante las jornadas de protesta afectaban los intereses del grupo ilegal. “Lo veían como una amenaza porque las movilizaciones que promovía sobre el viaducto que une a Pereira con Dosquebradas impedían el paso de los estupefacientes a las dos ciudades, así que fueron interrumpidas las actividades de narcomenudeo y se redujeron las rentas ilícitas”, dijo la Fiscalía.
Por todo esto, en la noche del 5 de mayo de 2021, tres hombres armados, a bordo de dos motocicletas, se trasladaron al viaducto y dispararon indiscriminadamente en contra de Lucas Villa, quien fue trasladado a un hospital donde murió cinco días después. “Producto del acto violento, otras dos personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad”, precisó el organismo.
A alias “Truan”, quien fue presentado ante una juez de control de garantías, le fueron imputados los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Adicionalmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos solicitó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
En su momento, la Policía ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables del ataque contra Villa. El joven fue reconocido por las propias autoridades como “símbolo de la manifestación pública y pacífica en esa zona del país”.
