Uno de los casos más preocupantes y recientes sobre intimidaciones contra maestros y directivos de colegios públicos en Santander se registró a comienzos del pasado mes. El Clan del Golfo amenazó a la comunidad educativa de Puerto Olaya, un corregimiento del municipio de Cimitarra.
Las clases fueron suspendidas durante semanas. Ante la gravedad del caso, las autoridades convocaron y llevaron a cabo un consejo de seguridad, con la participación del Ejército Nacional, para analizar la situación y tomar medidas.
Vanguardia conoció que en total fueron ocho los docentes que se identificaron en situación de riesgo. Tras analizar estas amenazas con las autoridades, siete de estos maestros decidieron definitivamente dejar el territorio de Puerto Olaya.
Con la promesa de las autoridades de disponer custodia durante las 24 horas por parte de uniformados del Ejército, solamente una de las profesoras decidió quedarse y continuar dictando clases en dicho corregimiento de Cimitarra, a pesar de que fue víctima de extorsiones.
Estos ocho maestros hacen parte de las cuentas que lleva el Sindicato de Educadores de Santander, SES, sobre la cantidad de profesores y directivos que han recibido presuntas amenazas en lo corrido de 2023 en Santander.
De acuerdo con lo denunciado por el SES, en medio de una protesta que ayer se realizó frente a la Gobernación de Santander, serían cerca de 50, en total, los docentes amenazados en territorio santandereano.
Sin embargo, desde la Secretaría de Educación de la Gobernación de Santander se controvirtió tal cifra, y se señaló además que algunos de los casos reportados corresponden a situaciones de convivencia, como roces con vecinos, entre otras eventualidades.
“La dinámica del conflicto armado repuntó”
Marylín Rodríguez Pinzón, presidenta del Sindicato de Educadores de Santander, denunció que “este año hemos atendido muchos maestros en busca de ayuda y asesoría frente a las amenazas de las cuales son víctimas.
Mediante cartas impresas, llamadas, mensajes de texto, panfletos y comunicados masivos se han difundido y enviado estas amenazas denunciadas por docentes del sector público escolar en Santander.
“La mayoría de casos se registran en tres variables. Una de ellas es la dinámica del conflicto armado, que en 2023 repuntó, especialmente en el Magdalena Medio. Hablamos de prácticas como reclutamiento forzado, microtráfico y trata de personas”, alertó Mauricio Martínez Corredor, secretario de Derechos Humanos, Paz y Democracia del SES.
En muchos territorios apartados de la geografía colombiana los maestros son referentes de la comunidad, y su actuar va más allá de las aulas de clase. Se convierten en veedores, denunciantes y activistas, una labor social que afecta las actividades y los intereses de grupos delincuenciales en territorios neurálgicos.
“Otra variable son los grupos de delincuencia común, que cometen delitos como la instrumentalización de menores para el crimen y la extorsión. Cerca de 15 maestros orientadores fueron amenazados por brindar acompañamiento a denuncias realizadas por los estudiantes y reportar comportamientos extraños alrededor de las instituciones educativas”, explicó Martínez Corredor.
Desde el SES también se aclaró que, en determinados casos, las amenazas e incluso agresiones sufridas por maestros se relacionan con situaciones cotidianas.
“La tercera variable es la solución violenta de conflictos de la cotidianidad. Se han registrado amenazas por calificaciones de los docentes, e incluso hemos conocido denuncias de maestras jóvenes que llegan a ciertos territorios y que por no acceder a cierto tipo de proposiciones también han sufrido intimidaciones”, señaló el Secretario de Derechos Humanos, Paz y Democracia del SES.
El SES también denunció que algunos de los docentes que fueron trasladados tras recibir amenazas, nuevamente fueron devueltos a dictar clase en aquellos territorios en donde fueron intimidados.
¿Qué dice la Gobernación de Santander?
Lo primero que acotó Darío Gutiérrez, abogado de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Santander, fue que “actualmente tenemos con estatus de amenazados a 22 docentes, no a 50”. El jurista dejó en claro que algunos casos reportados por los maestros no han sido reconocidos oficialmente como “riesgo extraordinario” por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
Gutiérrez hizo referencia a estos 22 docentes, sin contar todos los casos reportados por el SES.
Por ejemplo, en esta cuenta del Gobierno Departamental se omiten “los ocho (docentes) de Puerto Olaya, con los cuales se llegó a un acuerdo cuando el Gobernador hizo el consejo de seguridad allá”.
Gutiérrez agregó que no se inició “ningún proceso” para reportar tales denuncias y solicitar concepto ante la UNP, frente a los siete profesores que dejaron Puerto Olaya luego de las amenazas.
Sobre la docente que continuó dictando clases en este corregimiento, el abogado precisó que “después del próximo 4 de julio, cuando finalicen las vacaciones, la vamos a notificar con su estatus (amenazada) y las condiciones en las cuales la vamos a trasladar, mientras nos llegan los estudios de la UNP, para que nos determine si es un riesgo ordinario o extraordinario”.
El representante de la Secretaría de Educación de Santander recalcó que “es la Unidad Nacional de Protección quien brinda las medidas de seguridad y protección, y quien se encarga de definir este estatus”.
Para presentar formalmente el caso ante la UNP y se oficialice la condición de amenazado, el docente que denuncia sufrir una intimidación debe presentar ciertos documentos y diligenciar algunos formatos, en los cuales se indique cómo recibió la amenaza, entre otros detalles clave.
Gutiérrez indicó que algunas denuncias presentadas por maestros han quedado “en el aire”, ya que no allegaron la documentación o información requerida por las autoridades.
“Para iniciar la ruta de protección ante la UNP nos deben presentar la documentación requerida, y si tienen las pruebas a bien que las aporten. Por ejemplo, tenemos el caso de un rector que denunció una amenaza en mayo pasado, y que a pesar de las solicitudes que hemos realizado no ha completado los requisitos”, indicó el jurista.
