En una calle de Chicago, Estados Unidos, autoridades colombianas y estadounidenses capturaron al comerciante Haven Edwardantione Cates III, quien es señalado de no solo abusar sexualmente de, al menos, tres menores de edad en Medellín y Bogotá, sino obligarlas a tatuarse su nombre para pagarles.
Desde el 15 de abril de 2018, este norteamericano solía venir a Colombia, tanto que cuenta con 36 movimientos migratorios (entradas y salidas del país) desde entonces. En algunas de sus visitas, habría buscado a menores de edad, a las que les ofrecería dinero a cambio de acceder a sus pretensiones sexuales, todas ellas entre los 15 y 17 años.
En medio de los requerimientos, según los registros de las autoridades, Cates III pediría que cumplieran con algunos de sus deseos sexuales, pero después de terminado el acto, exigiría que las menores se tatuaran su nombre para quedar marcadas, tal como lo hacen en las fincas ganaderas con las reses de la propiedad.
Si las mujeres se negaban, ellas podrían perder los entre 100 y 200 dólares (420.000 y 840.000 pesos) que les daría por acceder a sus pretensiones. Para tatuarse, les habría entregado a las víctimas entre 50 y 100 dólares (210.000 y 420.000 pesos) adicionales.
Para pagarles, Cates III les habría solicitado a sus víctimas fotos de cuerpo entero con el tatuaje para confirmar que se lo hubieran hecho, como si se tratara de un comprobante de que todas sus peticiones se cumplieran.
Con las denuncias y las evidencias se logró la captura de este hombre, en un operativo conjunto de agentes federales de Chicago, la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos y la ONG Operation Underground Railroad (OUR), organización que se encarga de brindarles protección a las menores víctimas de estos delitos.
Se espera que en el transcurso de esta semana se lleven las primeras audiencias en contra de este comerciante extranjero en un tribunal federal de Estados Unidos, donde se establecería si se le dicta medida de detención o se le deja en libertad bajo fianza, esto último poco probable teniendo en cuenta que los delitos se cometieron en contra de menores de edad.
Desde la Dipro señalaron que este año se contabilizan 5.455 delitos sexuales en contra de niños y adolescentes en el territorio nacional, tanto por parte de extranjeros como de personas nacionales. Además, se registran 279 alertas a través de redes sociales en relación delitos cibernéticos que afectan a esta población.
Este organismo policial, en conjunto con OUR, piden a las mujeres víctimas de vulneraciones sexuales por parte de estadounidenses que los contacten, bien sea por los medios de comunicación de la Dipro o a través de una nota en el sitio ourrescue.org.
