Según el ente acusador, estos vehículos “han sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de la actividad delictiva descrita en el artículo 353 A del Código Penal -Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público-«.
Con el apoyo de policía judicial del Grupo de Extinción de Dominio de la DIJIN y de la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional, se estableció la utilización de los 18 automotores para la materialización de bloqueos en importantes ejes viales y el uso de medios ilícitos para obstruir las vías públicas.
Las pruebas que tiene la Fiscalía para exigir la extinción de dominio de estos bienes, según informaron, son amenazas en contra de los ciudadanos para impedir el tránsito, lanzamiento de objetos contundentes, incineración de llantas en la malla vial, obstrucción del transporte de complementos alimentarios y elementos destinados a centros hospitalarios.
“Los bloqueos generaron directas afectaciones a derechos tanto del orden individual como colectivo, al no permitir el paso de alimentos, suministros médicos y otros elementos necesarios para la comunidad, y derivaron perjuicios económicos a personas naturales y jurídicas”, aseguró la Fiscalía.
Así mismo, el ente investigador destacó que se recaudaron elementos de prueba para identificar a los titulares de los vehículos, para establecer sus lugares de residencia y acreditar la ausencia del cumplimiento de estas personas de observar donde se encontraban estos vehículos.
Entre los vehículos incautados se encuentra un camión que habría sido usado el pasado 9 de mayo para abrir violentamente la puerta de un conjunto residencial en el sector de Pance, en el sur de Cali. Según las investigaciones, con esta acción se facilitó el ingreso de varias personas al lugar, las cuales generaron daños a la propiedad y también daños a por lo menos tres vehículos de los residentes de dicho conjunto en el sur de la capital vallecaucana.
Otro de los vehículos afectados, es un furgón que fue utilizados para la comisión de actos vandálicos durante el incendio y el saqueo perpetrado al peaje San Miguel en Sibaté, Cundinamarca, cuyos daños dejaron pérdidas económicas por más de 700 millones de pesos.
