El cantante colombiano Felipe Peláez se pronunció, a través de un comunicado de su oficina de prensa, sobre el proceso donde salió a la luz pública su nombre por, presuntamente, haberse movilizado en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El artista explicó que en el desarrollo de su actividad no se ocupa de asuntos concernientes a la logística de sus giras, ya que esta se contrata de manera diferente para cada una, dependiendo del lugar del show, con personal que preste sus servicios en el área de las presentaciones.
“Nuestra organización jamás ha tenido conocimiento que los vehículos que se han contratado en el territorio nacional pertenecen o hayan pertenecido a la Unidad Nacional de Protección”, señaló el artista en el comunicado a la opinión pública.
Allí se explicó que la contratación de tales servicios la realiza el personal encargado del tema y que los recursos contratados dependen de varios factores, entre los que resaltó si en el área del show se tiene proveedores anteriormente contratados o si hay que buscar nuevos para el tema.
“Nuestro artista y su equipo estamos prestos a colaborar con las autoridades encargadas de la investigación correspondiente, con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos”, señaló la oficina de prensa de Felipe Peláez.
El hecho se conoció durante la tarde de este jueves, en medio de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por irregularidades contra Ronald Rodríguez Rozo, quien fuera subdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En la diligencia judicial, la fiscal del caso reveló más detalles sobre las irregularidades de Rodríguez frente a la UNP, en el que incluyen tráfico de drogas alrededor del país y hasta transporte de artistas de música en los vehículos oficiales de la entidad.
El fiscal expresó que hasta dos servicios por traslados al aeropuerto y otras zonas por valor de 600.000 pesos y 900.000 pesos se hicieron al cantante vallenato, con la utilización de las camionetas oficiales de la entidad, cuya función es la protección de personas amenazadas.
