Al principio pensaron que eran militares colombianos. El rápido caminar de las botas negras contra el lodo y los gritos de tropa ya no son extraños para la gente de la frontera, por donde a diario transitan las Fuerzas Armadas del Estado.
Pero el terror vino minutos después: gritos, insultos y mucho fuego. Quienes vivieron la situación aseguraron que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana invadieron tierras colombianas y quemaron casas y cultivos de campesinos humildes para atemorizar a la población y ganar terreno para las guerrillas que trafican por ahí.
“Luego entendimos que no se trataba de ningún grupo armado del país sino que, otra vez, era la guardia venezolana invadiendo nuestros cultivos. Acá es normal que ellos hagan eso, pero no es común que lleguen quemando cosas, amenazando gente. Creo que ya estamos tocando fondo”, contó un campesino de esa zona conocida como La Gabarra, en todo el límite de Tibú, Norte de Santander, que conecta con Venezuela.
De este lado, los campesinos viven en el municipio con más hectáreas de hoja de coca de todo el país –con alrededor de 22.000 sembradas según Unodc– del lado venezolano, los militares siguen las órdenes del general de brigada Luis Adolfo Rosales Molina, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana de esa zona fronteriza.
Esa presunta intervención de fuerzas militares del vecino país ocurrió la primera semana de marzo y no fue la única. Solo el mes pasado, los tibuyanos alcanzaron a contabilizar por lo menos cuatro incursiones de la Guardia venezolana en territorios criollos.
Pero las denuncias no son nuevas para las fuerzas militares que deberían controlar esa situación.
Un coronel con poder de mando en la Segunda División del Ejército –que controla territorios en Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Antioquia, Bolívar y Cesar– le dijo a El Colombiano que es común que los habitantes de toda esa zona de frontera reclamen por incursiones del ejército venezolano, pero que ha sido “misión imposible” corroborar la situación e iniciar los procesos pertinentes porque los hombres armados pasan la frontera por períodos cortos de tiempo y en zonas muy alejadas donde el Ejército no patrulla de manera permanente.
“Cuando llegamos a ver qué fue lo que pasó ya no hay nada ni nadie. Entonces no se puede hacer nada. Lo otro es que los campesinos a veces no diferencian bien dónde termina Venezuela y dónde comienza Colombia, entonces generan falsas alarmas porque los operativos se dan en un límite donde es difuso distinguir para ellos”, dijo el coronel.
Bajo esa misma forma de operar, la Guardia del vecino país se ha visto patrullar en tierras colombianas en toda la frontera colombo-venezolana ubicada al norte de Colombia, una zona bastante privilegiada para el narcotráfico que comparte otra cosa en común: la presencia y operación de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, Eln; las disidencias de las Farc y carteles de droga que usan esos corredores para enviar cocaína a otros países de América Latina, Europa y Estados Unidos.
Pero, ¿a qué ingresa la Guardia venezolana a territorio colombiano?, ¿qué intereses tiene acá y por qué opera con tanta facilidad y sin la debida vigilancia del Ejército de Colombia?
Venezuela aliada a las guerrillas
“Lo primero que hay que saber sobre este caso es que la Guardia es una fuerza completamente corrompida por la corrupción que se financia a sí misma y a sus gobernantes por medio del narcotráfico y de actividades ilícitas”, dice una investigadora experta en conflicto armado que trabaja en terreno averiguando los patrones criminales de toda esa zona fronteriza.
Según ella, las órdenes vienen directamente desde el Palacio de Miraflores (sede de gobierno de ese país) y son autorizadas por el mismo presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, quien no se ha esmerado en ocultar su afinidad con la guerrilla del Eln.
Con ese contexto claro, para los expertos consultados por este diario está claro que el interés de la Guardia es allanar el terreno para que esa guerrilla tenga el camino más fácil y combatir a otros grupos armados para que no se apoderen de esas rentas e ingresos del narcotráfico de las que se lucran.
Todo eso ha sido ampliamente descrito por organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Venezuela como Provea y Venezuela Sin Fronteras e, incluso, por el gobierno colombiano, quien ha denunciado que el régimen de Maduro hospeda y salvaguarda células guerrilleras en territorio venezolano.
De hecho, esa colaboración militar no es solo con los elenos, sino con el mejor postor y el que más dinero ofrezca de esas economías ilícitas.
“Indiscutiblemente hay una cercanía ideológica entre Maduro y guerrillas como el Eln o las disidencias, pero la guardia venezolana es una guardia comprometida con todos los grupos armados que hay en Colombia y cuyo único interés es recibir las rentas de narcotráfico, de la explotación de minerales y del contrabando”, así lo describió en entrevista con El Colombiano el reconocido líder social Edwar Álvarez, quien trabaja en el Catatumbo y toda la zona fronteriza.
Y en eso concuerda la investigadora, quien asegura que la Guardia venezolana se dedica actualmente a trabajar y operar como un grupo armado ilegal.
“Es posible que la quema de esos cultivos y casas que denunció la comunidad sea para ejercer control sobre los habitantes de la zona y manejar las economías ilegales. El objetivo entonces es atemorizar a la población y generar un control por medio de la atemorización”.
Y ese miedo es real y se vive con fuerza en Tibú. Casi todas las fuentes consultadas para este artículo pidieron reservar sus nombres por temor a represalias de los actores armados legales e ilegales que coexisten en la línea de la frontera.
“Usted sabe que acá no se puede hablar bien sobre nada de lo que pasa. La gente tiene mucho miedo y ni siquiera los líderes de las juntas de acción comunal se atreven a contar algo. Lo que sí han hecho es pedirle al Gobierno que haga algo, que mande tropas y le exija a las tropas de Venezuela que no entre acá. El estado natural de las cosas es que ellos siempre estén del otro lado de la frontera”, dijo uno de los campesinos que, al igual que los demás, pidió la reserva de su nombre.
La respuesta del Estado
Sobre todo esto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha preferido guardar más silencio que otras administraciones como la del expresidente Iván Duque.
En el único comunicado oficial que publicaron tras la presunta quema de viviendas y cultivos en el departamento de Norte de Santander, la Cancillería -en cabeza del ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva- aseguró que no habían hallado pruebas de que la Guardia venezolana hubiera entrado a territorio colombiano y que, por ende, “no se había registrado ninguna incursión de la guardia en territorio colombiano”.
Dicha versión coincide con la de algunos líderes que aseguran que las quemas se dieron aún del otro lado de la frontera, en el estado de Zulia, Venezuela.
Sin embargo, está claro que el presidente Petro no está interesado en generar disputas con su homólogo venezolano.
Con la reactivación de las relaciones diplomáticas, la apertura de los pasos fronterizos y la cooperación de Maduro para los diálogos de paz con el Eln, Maduro y Petro han tejido una relación aparentemente estable que les conviene a ambos.
“No creo que el Gobierno salga a exigirle públicamente a Maduro y su guardia que no intervengan en Colombia. Ambos gobiernos van a tratar de minimizar o invalidar esas intervenciones en la frontera para que eso no mine la confianza que hay en el restablecimiento de las relaciones”, analizó Álvarez.
Lo cierto es que, con la mirada del Gobierno nacional o no, esa zona fronteriza del país está sufriendo arduamente la presencia de los grupos armados nacionales e internacionales.
Recientemente, las imágenes de integrantes del Eln posando con fusiles al lado de varios menores de edad le dieron la vuelta al país. Dichas fotografías también se dieron en un corregimiento de Tibú donde esa guerrilla se mueve como si fuera la ley.
“Aquí la cosa se está volviendo insostenible porque usted ve un camuflado y no sabe si tiene que sentirse protegido o amenazado. Viene el Estado, viene la guerrilla y vienen hasta los militares venezolanos que ahora les dio por cogerla contra el campesinado”, concluyó el campesino tibuyano.
El general de brigada Luis Rosales Molina es el encargado de dar las órdenes en la Guardia Nacional Bolivariana del Estado de Táchira, en Venezuela. Es señalado de ordenar los pasos de sus tropas a territorio venezonalo y cooperar con estructuras armadas como el Eln, las disidencias de las Farc y los carteles de droga. Fue nombrado por el presidente venezolano Nicolás Maduro en agosto de 2021 como reemplazo del general de división Juan Ernesto Sulbarán Quintero. En octubre de 2021, la inteligencia colombiana también lo acusó como presunto responsable de enviar una serie de drones que pasaron la frontera colombiana y espiaron al entonces presidente Iván Duque durante una visita oficial a ese territorio.
