A José Rossemberg Rojas, alcalde del municipio de San Andrés, Santander, la Fiscalía lo citó a responder por los hechos previos que desencadenaron la dolorosa tragedia que cobró la vida de seis estudiantes en este municipio.
En una audiencia virtual se le imputaron los delitos de celebración indebida de contrato y falsedad en documento público, a los cuales no se allanó.
“Eran buses con más de 30 años de uso y con una empresa que no reunía los requisitos legales, el conductor del bus accidentado era una persona inexperta y no tenía ayuda de un auxiliar como lo dice la norma”, relató la Fiscalía durante la acusación.
La Fiscalía aseguró que fueron contratados buses viejos para pagar favor políticos en el suscrito contrato de transporte escolar
“Se antepusieron intereses propios, de cumplir compromisos políticos, antes de mirar el prejuicio que se le podía causar a los usuarios de este transporte y fíjese el resultado funesto de este accidente”, agregó la fiscal del caso.
Además de José Rossemberg, se les imputó cargos a Sandra Milena Bautista, Susana Caterina Ardila del Valle y Benito Luna Gutiérrez, este último gerente de la empresa contratista del bus siniestrado.
La Fiscalía solicitó al Juez Promiscuo de Guaca, Santander, realizar la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los investigados, pero el togado determinó realizar la diligencia para el lunes 10 de abril, hasta después de Semana Santa.
El accidente
Aquel trágico 22 de marzo del año anterior, el bus escolar se desplazaba desde la Institución educativa Laguna de Ortices, en zona rural del del municipio rovirense, a llevar a los estudiantes de regreso a sus casas en las distintas veredas.
En medio del trayecto, el conductor perdió el control del vehículo, rodando cerca de 300 metros por un abismo.
