Debido a que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, se declaró impedido para defender los intereses de la administración departamental en medio de los líos jurídicos de su hermano Richard Aguilar Villa, el Ministerio del Interior declaró una gobernador ad hoc para este caso puntualmente.
Se trata de Luz Yolima Herrera Martínez, quien es jefe de la Oficina Jurídica de esta cartera a cargo de Alfonso Prada. «Vale la pena recalcar que el Gobernador de Santander continuará en uso de sus funciones legales y constitucionales hasta la terminación de su periodo, y únicamente se abstendrá de realizar actuaciones en el proceso judicial del investigado Richard Aguilar», explicó la administración departamental en un comunicado de prensa.
Esta designación se da luego de que la Procuraduría Regional aceptara el impedimento de Aguilar Hurtado por el parentesco sanguíneo con su hermano investigado, quien fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, que se habrían dado cuando estuvo al frente de la Gobernación de Santander.
Obstrucción a la justicia
En la providencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual se resolvió enviar en 2021 a Richard Aguilar Villa a prisión mientras se avanzaba en su proceso judicial por presuntos hechos de corrupción, el alto tribunal sostuvo que su hermano y hoy gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado, habría ocultado información relacionada con la contratación para beneficiar al investigado.
La misma corte alertó que el actual mandatario departamental intentó beneficiar a su hermano ocultado nueve libros radicadores que contenían la contratación y que el mismo investigado podría influir en la Gobernación de Santander para ocultar información.
El 14 de diciembre de 2020, miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI, adscritos a la Corte Suprema de Justicia, llegaron a la Gobernación de Santander para realizar una inspección en la Secretaría del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad.
Según señalaron los investigadores del CTI, no se encontraron algunos documentos, ni el aplicativo del Manual Funcional del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, Suifp, en donde deberían estar consignadas las fases de cada ciclo de inversión pública.
Entre los documentos que no se encontraron estarían el concepto favorable que habría otorgado Coldeportes para que se hiciera la adición de dinero, la solicitud favorable del Comité Consultivo y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura de Santander.
Según la Corte Suprema de Justicia, el 15 de enero de 2021, el entonces secretario de Planeación de Santander, Javier Orlando Acevedo Beltrán, hoy designado por Mauricio Aguilar alcalde De Girón, envió vía correo electrónico a la Unidad Investigativa del CTI, los documentos que no fueron encontrados por los investigadores en la visita de diciembre de 2020.
El alto tribunal sostuvo que los documentos aparecieron “milagrosamente” remitidos por correo electrónico, “lo que permitió a los investigadores develar, a través de la herramienta de Microsoft Word 2016, denominada Metadatos, que fueron creados exprofeso en 2020 y 2021”.
Lo que “sorprendió” al alto tribunal fue que los documentos de solicitud de concepto favorable al Comité Consultivo y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura, habrían sido creados por un autor “desconocido” el 15 de enero de 2021, un mes después de la visita que hizo el equipo del CTI.
Según el tribunal, el concepto favorable de Coldeportes enviado por la Gobernación al CTI, “sorprendió a la Corte toda vez que un documento de similares características, enviado a los investigadores el 30 de marzo de 2021, por el Ministerio del Deporte, antes Coldeportes, tiene como fecha de creación el 2 de diciembre de 2015”.
Por esta razón la Procuraduría abrió una investigación en contra de Mauricio Aguilar.
