La Procuraduría General de la Nación identificó serias deficiencias en la prestación del servicio esencial de bomberos y la insuficiente capacidad para atender a los damnificados producto de la temporada de lluvias, el Fenómeno de la Niña, incendios forestales y estructurales, así como los movimientos en masa en los municipios y distritos.
Según el estudio del ente de control, se identificaron debilidades en la reglamentación frente a las condiciones de contratación entre alcaldías y cuerpos de bomberos para garantizar la gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias. Estas debilidades se traducen en la falta de parámetros que establezcan las condiciones mínimas de tiempo, recursos y capacidades que deben ofrecer las partes para la prestación del servicio.
Así mismo, el Ministerio Público encontró que cerca del 30 % de los municipios no tienen contrato o convenio vigente con un cuerpo de bomberos para la prestación de este servicio y más del 30 % lo hicieron en una temporalidad menor a los nueve meses del año.
Por otro lado, se destacó la falta de financiación en la prestación del servicio parte de las alcaldías nivel nacional e identificó que cerca del 62 % de los municipios que los contratan, lo hacen por valores inferiores a los $100 millones, lo cual, en la mayoría de los casos analizados, no alcanza a cubrir los pagos laborales mínimos de las unidades bomberiles que deben estar disponibles para la atención de las emergencias.
El análisis de la Procuraduría encontró que no hay criterios claros y definidos en la ley que le permitan a los alcaldes determinar cuál es el valor de prestación del servicio. La razón es que si bien los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de cada municipio varían frente a sus condiciones sociales y geográficas, el análisis hecho evidencia municipios de condiciones similares con contratos y convenios muy dispares frente a los valores contratados.
El ente de control también encontró disparidad entre los escenarios de riesgo potenciales en las entidades territoriales y las capacidades instrumentales y operativas de los cuerpos de bomberos. Sus capacidades de respuesta y dotación instrumental, en un gran número de casos, no corresponde con los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Esto implica que no existe una especialización y una capacidad de respuesta óptima frente a la materialización del riesgo.
Finalmente, la entidad alertó que la prestación de la gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias de algunos cuerpos de bomberos en distintos municipios sin capacidad operativa y sin subestaciones para atender emergencias de manera simultánea y oportuna.
