Un nuevo giro en la política de drogas del presidente Gustavo Petro podría legalizar por lo menos el 67% de los cultivos de cocaína que hay en todo el país justo en una época de cifras históricas de la siembra y producción de ese alcaloide.
Así lo estipula un proyecto que llegó este lunes a las oficinas del Consejo Nacional de Estupefacientes y que contiene una polémica propuesta presentada por el Gobierno: despenalizar los pequeños y medianos cultivos de hasta 10 hectáreas (ha) de siembra para que transiten hacia economías legales.
El proyecto –que además modificaría la manera en que Colombia ha luchado contra el narcotráfico durante los últimos 50 años– fue presentado directamente por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, un alfil de Petro que es el encargado de liderar la persecución penal contra esos pequeños cultivadores y que, además, ha sido la ficha de la Casa de Nariño para implementar la nueva política de drogas que tiene al Gobierno haciendo lobby hasta con el Gobierno de los Estados Unidos.
Sin especificar cuáles serían las condiciones, los límites y los cuidados para que esa nueva legislación no promoviera más siembra de hoja de coca, esa parte del documento que se filtró a la prensa abre la posibilidad a que más de la mitad de cultivos de Colombia sean legales. Una medida que eliminaría la persecución penal contra los pequeños cultivadores y la erradicación forzada contra esas mini-plantaciones.
Esto último teniendo en cuenta que, según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, el 67% de las Unidades Productivas Agropecuarias con Coca tienen entre 0 y 10 hectáreas sembradas. Las demás, según ese documento publicado en diciembre de 2022, oscilan entre las 10 y las 50 ha.
Dicho en otras palabras, la medida de legalizar los cultivos de hasta 10 hectáreas de coca cobijaría al 67% de todos los cultivos de uso ilícito que reportó la ONU en su informe anual.
Esto último coincide también con datos de UNODC que establecen que en Colombia el promedio nacional de lotes con cultivos de cocaína está por debajo de las dos hectáreas sembradas.
Para 2018, la ONU concluyó que aún en las zonas más afectadas por esta problemática, los cultivos tendían a ser pequeños. Catatumbo reportó cultivos promedios de 1,3 hectáreas, Amazonía de 1,45 y Pacífico 1,2.
“En efecto, como respuesta a la continua y focalizada acción de la intervención para el control de la oferta en estos territorios –en particular asociada con la erradicación manual y el concepto de desarrollo alternativo con criterio de territorialidad–, los cultivadores optaban por los cultivos pequeños aislados e itinerantes”, concluyó el más reciente informe de UNODC.
Legalizar: una medida riesgosa
Lo cierto es que este proyecto del Gobierno Petro va en la misma vía de otros anuncios sobre la nueva política de drogas que regirá al país.
En noticias anteriores, la Casa de Nariño ya había anunciado que no judicializaría ni perseguiría penalmente a los pequeños cultivadores de coca y que tampoco usará la erradicación forzada en esos territorios. Todo esto como una medida para que transiten hacia economías legales y se acojan a los programas del Gobierno para ese fin.
Así lo analiza la directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, María Alejandra Vélez. En diálogo con este diario, la Ph.D en Economía explicó que el proyecto de legalización de esos cultivos “tiene sentido y está en línea con las otras propuestas de gradualidad y de no radicación que ha venido presentando Petro”. Dos puntos en los que ella, como experta, está de acuerdo: “para poder hacer una transición gradual hay que despenalizar”, dijo.
Según su lectura, el hecho de que no se persiga a esos cultivadores les daría el espacio necesario para que empiecen a sembrarlos productos que sí son legales –como papa, maíz y demás cultivos– y alcancen a esperar a que sean proyectos productivos económicamente. Un punto que ya ha sido expuesto por Osuna.
Pese a ello, Vélez también es enfática con que el proceso requeriría de un rigor técnico con el que no cuenta el Gobierno en este momento.
“Para implementar ese proyecto habría que hacer un montón de cosas: un registro de quiénes son esos cultivadores, cuántos predios tiene, etc. Si no, podemos mandar la señal equivocada de que el que empiece a cultivar hoy también va a quedar libre de penalización y yo creo que esas medidas solo deben cobijar a los que actualmente tienen siembras”.
Sumado a eso, el Gobierno tendría que reenfocar los billones de pesos y recursos militares que destina a la persecución de esos pequeños cultivos a atacar otros eslabones de la cadena productiva de coca. Según Vélez, esos recursos podrían destinarse a la incautación de cargamentos de droga, un punto que afecta más a los verdaderos comerciantes del alcaloide.
Por ahora, el Gobierno tendrá que responder muchas preguntas de los expertos y la sociedad: ¿esa despenalización aplicaría también para áreas protegidas y parques nacionales?, ¿se van a perseguir más incautaciones para contrarrestar los efectos de permitir esos cultivos? y la más importante, ¿cómo impedirán que la medida estimule nuevos cultivos? Todo eso está por verse.
