Federico Gaviria fue condenado a seis años y siete meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particular y una multa de 11.586 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los empresarios Federico Gaviria Velásquez y Eduardo José Zambrano Caicedo, fueron condenados por el juez Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por diferentes conductas relacionadas con el entramado de corrupción de la empresa Odebrecht. Las condenas fueron impuestas luego de que los dos empresarios aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
Federico Gaviria fue condenado a seis años y siete meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particular y una multa de 11.586 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad intemporal para cargos de elección popular.
Un inmueble ubicado en Cáceres (Antioquia), llamado Hacienda El Porvenir, que Gaviria entregó como forma de reparación, será inscrito en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos a título de la víctima, representada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Por último el ente acusador le reconoció a Gaviria el beneficio de libertad condicional por redención de la pena.
Por otro lado, el juzgado sentenció a Zambrano Caicedo por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y ordenó su traslado inmediato al centro penitenciario que disponga el INPEC para que se haga efectivo el cumplimiento de la condena y le impuso una multa de 598 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad intemporal para cargos de elección popular.
Estas dos decisiones se basan en que los empresarios hicieron parte de una empresa criminal en la que aseguraron la adjudicación de obras civiles, específicamente, las que se adicionaron en el proyecto Ruta del Sol II (vía Ocaña – Gamarra) y el mejoramiento de las condiciones contractuales para el consorcio constructor Ruta del Sol, en compañía de miembros de Odebrecht.
Asimismo, de acuerdo con el ente acusador, quedó demostrado que los sentenciados participaron en la celebración de una serie de contratos simulados o ficticios para garantizar que los recursos ofrecidos por algunos representantes de las empresas de Odebrecht en Colombia fueran distribuidos entre los funcionarios y particulares, que intervinieron y lograron beneficios para la multinacional en diferentes contratos.
