Por más de una semana se prolongaron las audiencias concentradas en contra de las 21 personas señaladas de cometer distintos abusos, maltratos y torturas a lo largo de varios años a población vulnerable en ocho fundaciones o centro de rehabilitación de Bucaramanga y su área metropolitana.
Según se conoció, tras múltiples alegatos de la Fiscalía, la defensa de los acusados y demás intervinientes, este jueves, 31 de octubre, el Juzgado Primero Penal Municipal de Garantías Ambulante de Bucaramanga decidió dictar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a 11 de los procesados.
Se trata de Reinaldo Jaime Blanco, alias ‘El Rey’; Yaira Milena Mendoza Turriago, ‘La Secretaria’; Hermes Grimaldos Gómez, ‘El Capturador’; Nicolás Rico Campos; Ferney Antonio Suárez, ‘El Enfermero’; Camilo Andrés Gómez Jaimes; Marco Pérez Serrano; César Benicio Grimaldos Gómez; Luis Alberto Castillo Rodríguez; Álvaro Javier Salazar Caviedes, ‘El Padrino’; y ‘Jaime’.
Los otros 10 presuntamente implicados quedaron en libertad, pero seguirán vinculados al proceso. La Fiscalía apeló la decisión tomada por el juez.
Ocho muertos y 500 víctimas de atroces en las ‘casas’ de tortura
Durante la judicialización de los capturados, la Fiscalía reveló las evidencias que ha estado recopilando desde hace tres años en contra de esta organización delincuencial que operó en ocho supuestos centros de rehabilitación ubicados en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón.
Ocho muertos y más de 500 víctimas dejaron las denominadas ‘Casas de Tortura’ en Bucaramanga, que fungían como fundaciones privadas que ofrecían servicios de atención a ciudadanos con problemas de adicción, en situación de calle o víctimas de abuso u otros problemas de índole psiquiátrica.
En la audiencia de imputación de cargos, el Fiscal Tercero Especializado reveló los aterradores detalles sobre las crueldades que líderes y cuidadores cometían en contra de los internos. Su estancia en estos centros de rehabilitación era un completo infierno.
Uno de los métodos de castigo usados por estas fundaciones en Bucaramanga fue el ‘cuarto de reflexión’, un espacio “con un tamaño de 2×2 metros”, reveló el Fiscal Tercero. A este sitio eran enviados aquellos internos que no “se comportaban de la manera en que le solicitaban”.
“Allí ingresaban simultáneamente, sin ninguna discriminación, internos con problemas psiquiátricos y con temas de adicción. Pese a lo pequeño del espacio, ingresaba una gran cantidad de personas que permanecían de pie indefinidamente”, añadió el fiscal.
En este recinto, el 10 de septiembre de 2021 murió Abraham Chía Robles, de 27 años, un interno de una corporación ubicada en la carrera 21 con calle 41 de Bucaramanga. El joven fue golpeado y asfixiado cuando compartía el espacio con otras nueve personas. Los dos responsables fueron capturados en flagrancia por este hecho.
En la misma noche del asesinato, la Alcaldía de Bucaramanga adelantó un operativo de inspección donde se evidenciaron aparentes casos de violación de derechos humanos y se encontraron a 75 personas hacinadas en este sitio.
Abusos a menores de edad
Además de encerrarlos en espacios sin ventilación, los internos también eran llevados a la fuerza por sus familiares y líderes de estas fundaciones. Este hecho era conocido como “la captura”. La Fiscalía precisó, además, que estos pacientes eran sedados, con gotas cuyo contenido es desconocido, para trasladarlos a los centros de rehabilitación.
“Las víctimas hablaron sobre sustancias extrañas, con las que las drogaban y perdían el conocimiento. Así era como los ingresaban a las fundaciones”, señaló el Fiscal Tercero Especializado en medio de la audiencia de imputación de cargos.
El uso de drogas era común para maltratar y abusar sexualmente de internos menores de edad. “Se conoció que algunos de los empleados de estas fundaciones habrían abusado sexualmente de varios menores de edad que permanecían sedados por los medicamentos que les proporcionaban”, añadió el ente acusador.
Algunos de los integrantes de esta organización se hicieron pasar como autoridades en distintas oportunidades para intimidar a las víctimas, con el supuesto de que iban a ser capturadas por tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Las víctimas venían provenientes de diferentes municipios de Santander, Norte de Santander y Atlántico.
Las atrocidades que cometían estos supuestos cuidadores desbordaban en modalidades. Como castigos, los internos de las fundaciones eran privados de alimentos. Además, no se les permitía hablar con sus familiares.
“En las visitas, algunos líderes vigilaban lo que decían, lo que impedía que los pacientes pudieran hablar con normalidad a sus seres queridos”, añadió la Fiscalía.
Además, eran víctimas constantes de golpes con bates o palos. Los amarraban de los pies y los esposaban para dejarlos en el piso por largas horas. También eran llevados a una azotea. Los dejaban a la intemperie por días, encadenados con candados. Un sinfín de actos inhumanos en los que muchos perdieron la vida.
En medio de la tarea investigativa, descubrió que estas corporaciones hacían parte de una estructura delincuencial que tenía ‘tentáculos’ en otras ciudades como Cartago, Valle del Cauca y Bogotá.
Por los anteriores hechos los capturados afrontan procesos por delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y tortura, secuestro, inducción a la prostitución, acceso carnal con incapaz de resistir, acto sexual violento, tortura y acceso carnal violento.
