El pasado 30 de julio, en un robusto operativo desplegado por la Policía Nacional y la Fiscalía en Bogotá y los municipios de Bucaramanga, Girón, Oiba, Barrancabermeja y Barbosa en Santander, fueron cerradas varias escuelas de enseñanza y 21 personas fueron capturadas por entregar certificados de conducción falsos y licencias a personas que no sabían manejar.
A pesar del material probatorio que se recopiló durante el proceso investigativo y que se presentó durante las audiencias concentradas, el Juzgado Cuarto con Función de Control de Garantías de Bucaramanga decidió imponer medidas de aseguramiento no privativas de la libertad para 20 de ellos y una medida en lugar de residencia para el líder de la organización por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y obtención del documento público falso.
Además de los capturados anteriormente mencionados, a otras dos personas que se encuentran en los Estados Unidos también les imputaron cargos por estos hechos.
Sin embargo, algunos ciudadanos como Santiago Dávila, un habitante del municipio de Girón, denuncian que confiaron en una de las escuelas de enseñanza para realizar el curso, aprender a manejar y sacar el ‘pase’, pero ahora nadie les responde por el dinero invertido.
Dávila contó que por medio de un tramitador pagó un $1.300.000, de un total de $1.900.000: “Fue con Millas de Vida Girón, me faltaban como tres clases y cuando llegué el martes 30 de julio encontré que estaba cerrada, entonces le escribí a la señora tramitadora a quien le hice las consignaciones para la licencia y me citó frente a la oficina que tiene. Ahí me dijo que habían tenido problemas y que me iba a responder por el dinero, me citó para el 5 de agosto, yo fui antes porque no me daba confianza. El caso es que no me ha respondido”.
Santiago aseguró que desconocía de las irregularidades que se presentaban en el lugar y se endeudó para obtener la licencia.
“Ahora quién nos responde a nosotros. Me dicen que no me pueden inscribir en otra escuela porque están bloqueados y no nos regresan el dinero”, aseguró el afectado.
Durante el operativo se conoció que se habían otorgado documentos fraudulentos a más de 5.900 personas desde el año 2022. En estas acciones fueron ocupados 41 bienes con fines de extinción de dominio (tres centros de enseñanza automovilística, 17 automóviles, 18 motocicletas y 3 sociedades), avaluados en más de $4.000 millones.
