De este lugar se sacaba carne que era comercializada en Antioquia y Santander, sacrificando ganado vacuno y porcino a gran escala sin los permisos de ley y en medio de precarias condiciones de salubridad.
En las verificaciones fueron encontrados en corrales: 44 cerdos, 24 vacas y un búfalo; así como se incautaron cerca de tres toneladas de carne.
De igual manera, se estableció que la actividad ilegal afectó el suelo, y aceleró un proceso de pérdida de vegetación. Además, en los dos predios no había tratamiento de aguas residuales, que terminaban en las quebradas y ríos aledaños.
Por estos hechos, fueron capturadas en flagrancia nueve personas, entre ellas los propietarios de los mataderos: Juan Carlos León Cuellar y Luis Alfredo Melgarejo Blanco. También, Lino José Hernández Páez, uno de los administradores.
