La constante entrada de mujeres, varias de ellas sin tener la mayoría de edad, a un segundo piso de una vivienda en el barrio Kennedy al norte de Bucaramanga, levantó la sospecha de vecinos sobre lo que ocurría en ese inmueble.
El lugar estaba registrado como una fuente de soda, donde se vendían bebidas embriagantes, pero lo que en realidad pasaba en su interior es que funcionaba un estudio ‘webcam’ en el que se inducía a menores de edad a ejercer la prostitución.
Ante la denuncia, la Policía Mebuc y la Secretaría del Interior realizaron un allanamiento al inmueble para verificar las sospechas de la comunidad.
De imprevisto se desplegó el operativo y los uniformados ingresaron al segundo piso. En la entrada llamaba la atención un letrero que, de manera irónica, señalaba que estaba prohibida la entrada de menores de edad.
Dentro de la vivienda descubrieron a ocho mujeres, varias instaladas en las habitaciones conectadas a internet ofreciendo sus servicios en páginas dedicadas a la pornografía.
Cuando se les pidió el documento, los uniformados encontraron que cuatro de ellas eran menores de edad. Las adolescentes fueron sorprendidas en línea con personas adultas que pagaban por videos de pornografía.
En los cuartos se hallaron los elementos de grabación, como trípodes, celulares y televisores, con los que se realizaban los videos y las transmisiones en tiempo real.
El comandante de la Policía Mebuc, el general José James Roa, manifestó que las jóvenes quedaron a disposición de la Comisaría de Familia para el restablecimiento de sus derechos.
“Suspendimos este lugar y hubo el cierre definitivo. No vamos a permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sean explotados de manera sexual y sean utilizados con estos fines lucrativos. Seguiremos llegando a los lugares donde nos denuncien estas prácticas ilegales”, señaló el oficial.
En la acción se logró la captura de cuatro mujeres y los dos administradores del establecimiento que deberán responder por los delitos de inducción a la prostitución y estímulo a la prostitución de menores.
Por su parte el general retirado Manuel Antonio Vásquez, secretario del Interior de Bucaramanga, dijo que se buscará imponer una sanción ejemplar para que estas actividades desaparezcan de la ciudad.
“Por este tipo de delitos el Código Penal contempla penas de hasta 25 años de prisión. Invitamos a la ciudadanía a no ser indiferente y denunciar estos estudios que utilizan a los menores”.
