En medio de la imputación de cargos a los 10 miembros de la Policía por el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles inéditos de la forma en que fueron retenidos, golpeados y torturados hasta momentos antes de morir.
Según el ente acusador, los jóvenes se movilizaban en motocicletas cuando fueron detenidos sin “ninguna justificación” y obligados a tirarse al piso. Estando ahí, “los policías empezaron a golpearlos hasta dejarlos gravemente heridos y sin posibilidades de defenderse”.
De hecho, la Fiscalía fue más allá y reveló detalles de la necropsia de los tres jóvenes identificados como Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo. Tras evidenciar múltiples heridas, el juez primero penal municipal de Sincelejo dijo que los uniformados “aumentaron deliberadamente e inhumanamente sufrimientos a las víctimas, causando padecimientos innecesarios como lo fueron heridas con elementos contundentes y arma blanca”.
La cronología de los hechos
Para cuando fueron interceptados por la Policía, los tres jóvenes se estaban dirigiendo hacia el hospital, pues uno de ellos se había lastimado la pierna. Por eso, la Fiscalía sostiene que no estaban en condiciones de correr o de defenderse.
Tras la golpiza, la policía habría subido a los jóvenes a “una camioneta oficial de la institución” y los habrían dirigido por un trayecto desolado para poder asesinarlos sin dejar evidencias.
Fue así como, estando en un lugar lejos de las comunidades, el coronel Benjamín Núñez Jaramillo les disparó siete veces, tiros que les provocaron la muerte.
Tal como dijo la Fiscalía, el coronel hizo uso de su arma de dotación y “le disparó tres veces a corta distancia a Carlos Ibáñez -en su brazo, abdomen y tórax- y José Carlos Arévalo (tórax) y una vez a Jesús David Díaz”.
Una vez verificó que estaban muertos, el coronel Núñez habría ordenado trasladarlos a la Clínica María Reina, donde llegaron sin vida y sin posibilidades de reanimación.
Pero las actuaciones ilegales de los uniformados no pararon ahí. Tras dejar en esa entidad los cuerpos, el patrullero Jesús María Bolaños habría contratado un mecánico al que le encargó “cubrir y ocultar” los orificios de bala que habían quedado en la camioneta.
Mientras tanto, otro de los oficiales preparó un oficio con información falsa que pretendía inculpar a los tres jóvenes y hacerlos pasar como personas dadas de baja en combate.
Los delitos
Por todos esos delitos, los 10 integrantes de la Policía fueron imputados por diferentes crímenes dependiendo de su grado dentro de la institución y de su nivel de actuación frente a los hechos ilegales que se habrían dado el pasado 25 de julio en zona rural de Chochó.
Dentro de los delitos por los que deberán responder se encuentran: homicidio, homicidio agravado, tortura, falsedad en documento público, ocultamiento de material probatorio y privación ilegal de la libertad. Si son hallados culpables, los policías podrían ser condenados a penas entre los 33 y los 50 años, según detalló la Fiscalía.
Por ahora el único uniformado que se mantiene prófugo de la justicia es el coronel Núñez, quien huyó a Panamá antes de que se dictara orden de captura en su contra. Según versiones preliminares, el oficial se estaría ocultando de la justicia en México.
