La senadora Piedad Córdoba, que en campaña política fue alejada del Pacto Histórico por un sinnúmero de polémicas, enfrentará desde el Congreso de la República una investigación en su contra por rebelión, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia se da por una vieja denuncia que interpuso en su contra el hoy presidente del Senado, Roy Barreras, hace algunos años.
Pero el despacho de la magistrada Cristina Lombana tuvo en cuenta en su fallo de apertura del 22 de julio otras denuncias en contra de la congresista de izquierda.
«En contra de la aforada constitucional, con carácter provisional son los siguientes: rebelión agravada (por sus nexos con las Farc), por tratarse de servidor público; enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación», dice el fallo de la magistrada del alto tribunal.
Piedad Córdoba será investigada por, entre otras cosas, haber sostenido en 1998 una reunión con alias ‘Manuel Marulanda’ y ‘Jorge Briceño’, dos antiguos altos mandos de las Farc.
Este fallo también menciona los nexos que la senadora del Pacto Histórico habría tenido con el polémico empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, con quien Córdoba ha tenido amistad desde hace varios años.
El expediente señala, en cuento al presunto enriquecimiento ilícito, que la congresista afín de Gustavo Petro «presuntamente ha recibido dineros provenientes de personas naturales y jurídicas, y gobiernos extranjeros sin que ello provenga de la remuneración que percibe en su condición de miembro del Congreso para sí misma y para un tercero».
