Los habitantes de Urabá y Bajo Cauca concuerdan en que poco efecto ha tenido el consejo de seguridad extraordinario celebrado el viernes en Carepa, en el que participaron los ministros Diego Molano, de Defensa, y Daniel Palacios, del Interior. “Se priorizará el patrullaje mixto para así, con esa presencia de la fuerza pública, que estas acciones que pretenden imponer el miedo no tengan cabida”, dijo Palacios.
Aunque esas palabras se pronunciaron el viernes, la situación ayer era muy distinta a lo esperado. Apartadó, el principal pueblo de Urabá, amaneció desolado, con el comercio cerrado de nuevo. Un habitante de ese municipio, que trabaja en la zona rural, contó que no ha podido ir a su sitio de trabajo: “La bodega en la que trabajo está en una zona veredal y todo eso es territorio de ellos (Clan del Golfo). Todo amaneció cerrado y lo peor es que la presencia de la fuerza pública es muy poca”.
Imágenes similares se vieron en otras poblaciones como Turbo y Carepa. Aunque el comercio estuvo cerrado en su mayoría, algunos supermercados de cadena abrieron sus puertas para que la gente se abasteciera. Estos lugares estuvieron custodiados por miembros del Ejército y la Policía.
En Currulao, un corregimiento de Turbo, se reportó un tiroteo en el que presuntamente participaron miembros del Clan del Golfo. El medio local La Chiva de Urabá informó desde el lugar que los tiros, al parecer, los hicieron unos hombres contra la estación de Policía. Aunque preguntamos a Policía Urabá por el caso, no nos dieron respuesta hasta el cierre de esta edición.
Hambre en el Bajo Cauca
Los habitantes de varios municipios del Bajo Cauca se acostaron con optimismo el viernes. Por eso, en la mañana de ayer se precipitaron sobre almacenes y tiendas que, para su mala fortuna, estaban cerradas. En Tarazá, por ejemplo, la gente se aglomeró en las afueras de un supermercado. En Nechí se vieron filas extensas en los pocos comercios que se atrevieron a trabajar.
Una situación similar se vivió en Cáceres. Un habitante de ese municipio le relató a este medio que lleva tres días sin salir de la casa. “Lo que estamos viviendo es realmente dramático. La gente salió a las tiendas, se aglomeró y se tuvo que devolver para las casas”, dijo.
Lo más grave es que el Bajo Cauca es la subregión más pobre de Antioquia, pues un 40 % de su población tiene necesidades básicas insatisfechas, según el Dane. El habitante de Cáceres, al respecto, dijo que este paro armado los tomó por sorpresa, teniendo en cuenta que solo fue planeado por los criminales como consecuencia de la extradición de Otoniel a Estados Unidos.
“La gente no tuvo tiempo de abastecerse. El jueves nos dijeron que cerráramos el comercio a las 8:00 de la noche y así hubo que hacerlo. Al negocio que abran le toman foto y amenazan al dueño. El problema es que hay gente con hambre, que solo vive con el diario y que ahora solo está aguantando”, concluyó.
Aunque la situación sigue siendo compleja, las acciones criminales disminuyeron ayer. Según el último reporte, más de 60 vehículos han sido quemados en el departamento, pero ya las vías principales están habilitadas y el Ejército hacen presencia.
En Bolívar, Córdoba, Chocó y Sucre también hay presencia de uniformados.
El “hueco” del transporte
El terror se ha apoderado de las vías de Antioquia. Camiones y buses quemados se han tomado las portadas de los periódicos. Las empresas que viajan hacia la Costa Atlántica, el Norte, el Nordeste y el Urabá antioqueños han cesado sus actividades. No hay cómo ir en transporte público a esas subregiones.
Más allá de la imposibilidad de viajar, las empresas de transporte, reveló Samir Echeverry, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, (ATPA), han dejado de percibir $2.500 millones. El cálculo es que de las terminales solo están saliendo el 60 % de los pasajeros frente a un día de operación normal.
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La cifra se hace más dramática cuando se convierte a pasajeros. Echeverry estimó que son 1.588 despachos de vehículos los que se han dejado de hacer. Eso equivale a unos 40.000 pasajeros. Para rematar, muchos han cancelado los pasajes hacia otros destinos que no tienen mayores problemas de seguridad, como el sur del país.
Aunque en el Suroeste se está operando con relativa calma, tres empresas recibieron amenazas. “Pararon la oferta para salvaguardar la vida. Hay vías bloqueadas preventivamente por la Policía y otras cerradas por la delincuencia”, precisó Echeverry.
Otra situación compleja que ha pasado desapercibida es lo que pasa con los conductores de los buses. Algunos quedaron atrapados en los municipios y no han podido regresar a Medellín por temor a que les quemen los vehículos y, como tampoco hay transporte público, no han tenido otra opción que quedarse. “Allá están en situaciones complejas, en medio de la zozobra, con problemas para la alimentación. No saben qué hacer”, concluyó Echeverry.
El suministro de gas también se ha complicado por el orden público y en algunos municipios ya hay desabastecimiento. Más de 77.000 clientes están sin gas.
